El Gobierno nacional oficializó la finalización de los convenios firmados por el kirchnerismo con universidades ligadas a la anterior gestión, un mecanismo que utilizó para contratar militantes en la administración pública.

La decisión, adelantada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y concretada hoy a través del decreto 336/2016, se da en el marco de la política de revisión de contratos irregulares en el Estado firmados durante los últimos meses de gestión kirchnerista.

La norma sostiene que "los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la administración pública nacional" con distintas universidades nacionales y provinciales "cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada" por las nuevas autoridades nacionales "quedan sin efecto a partir del 1° de abril".

"El requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio deberá ser solicitado" por los mencionados funcionarios "ante el jefe de Gabinete de Ministros, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad y razonabilidad", añade.

Asimismo, el decreto dispone la creación en la órbita del Ministerio de Educación y Deportes, que conduce Esteban Bullrich, del "Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas", donde quedarán documentados los nuevos entendimientos.

La norma establece que si los nuevos convenios implican "el requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las universidades" se deberá dar intervención al Ministerio de Modernización. A esa cartera también se deberá informar sobre "los programas correspondientes, recursos humanos asignados por las universidades en los convenios respectivos, altas y bajas, y erogaciones a que dichos convenios dieran lugar".

El decreto también instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) "a realizar una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal efectuadas" durante los últimos cuatro meses del año 2015", el final del mandato de Cristina Kirchner.

Finalmente, dispone que “a partir del 1° de marzo de 2016 los Ministerios, Secretarías de Presidencia y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada no podrán efectuar nuevas contrataciones de personal por tiempo determinado de conformidad con el artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164, el Decreto 2345/08 o cualquier otra modalidad contractual a plazo determinado prevista en la Ley de Contrato de Trabajo o estatutos especiales, sin la previa intervención del Ministerio de Modernización, en base a solicitud debidamente fundamentada por la autoridad superior de la jurisdicción requirente”.