La gobernadora María Eugenia Vidal analiza instrumentar el varias veces postergado ajuste de la tarifa del servicio eléctrico, que entraría en vigencia a partir del lunes, con un aumento que oscilará entre el 80% y 110%.

Las subas en las tarifas finales son las que comenzarán a aplicar las distribuidoras privadas Edelap, Edea, Eden, Edes y las 230 cooperativas que prestan el servicio de energía eléctrica más allá del Conurbano.

La medida va en línea con el ajuste dispuesto a nivel nacional por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aunque en el caso de la provincia aparece bastante más moderado que el 590% que escala en algunos tramos el ajuste nacional.

Sin embargo, así como un grupo de intendentes del Conurbano (Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Juan Zabaleta) salieron a cuestionar el tarifazo que aprobó Aranguren para Edenor y Edesur, no se descarta que algunos jefes comunales del interior de la provincia adopten una postura similar ante los aumentos que se resolverán en La Plata.

Los motivos

Los incrementos tarifarios que se apresta a aprobar el OCEBA (Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) responden a dos motivos.

Por un lado, a un factor externo como es el traslado a las tarifas de los aumentos que dispuso el gobierno nacional para los precios mayoristas del sector de la generación.

Por medio de la resolución 6/2015, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren actualizó los precios estacionales para la potencia y la energía del mercado eléctrico mayorista (MEM) con subas de hasta el 250% con respecto a los valores subsidiados que estuvieron vigentes en los últimos años. Por las reglas de juego del negocio eléctrico, ahora todas las provincias tienen que transferir la incidencia de esos incrementos a las facturas que pagan los usuarios.

Y por otro lado, a una cuestión interna como es la recomposición de los ingresos y el reconocimiento de los mayores costos operativos para las distribuidoras y cooperativas que operan el servicio en el interior de la provincia.

Este componente del precio total del servicio—que se conoce como VAD (Valor Agregado de Distribución)—se mantuvo congelado en 2014 y 2015 por una decisión que había tomado la anterior administración de Daniel Scioli a instancias del gobierno nacional que no quería aumentos tarifarios.

Ahora, la doble combinación de esos factores llevó a los técnicos del ente regulador a establecer los nuevos cuadros tarifarios que arrojarían aumentos de hasta el 110% en los valores finales que están abonando los usuarios residenciales de la región de La Plata y el interior de la provincia.

El impacto

Los hogares bonaerenses a los que les alcanzará el ajuste, pagan actualmente entre tres y cuatro veces más que sus comprovincianos de la región metropolitana que están en las áreas concesionadas a Edenor y Edesur, las distribuidoras privadas que dependen del gobierno nacional.

Para los clientes hogareños de éstas empresas que no estén alcanzados por el nuevo régimen de tarifa social, las autoridades nacionales aprobaron ajustes finales que van del 300% al 590%, según los distintos niveles de consumo.

Pero pese a esos elevados porcentajes de aumentos, por demandas similares los usuarios bonaerenses de Edenor y Edesur seguirán, por ahora, pagando menos que los hogares del resto de la provincia.

Esto se debe a la mayor incidencia que tienen el VAD en las facturas del interior y al fuerte impacto de los impuestos y recargos que aplican la provincia y los municipios.

En el interior de la provincia, la carga tributaria y de otros conceptos sobre el valor puro del servicio eléctrico oscila, según las localidades, entre el 44% y 110%, mientras que en la Capital Federal representa sólo el 28%.