La Casa Rosada le puso fin al cepo informativo que La Cámpora había impuesto en la Inspección General de Justicia (IGJ) para ocultar datos sensibles en causas que rozaban de cerca al gobierno de Cristina Kirchner, como el caso Ciccone y Hotesur.

A través de una resolución publicada hoy el Boletín Oficial, el Gobierno de Mauricio Macri derogó una norma que el kirchnerismo impuso en enero de 2012 para restringir -o directamente negar- el acceso a información sobre empresas denunciadas por presuntos casos de corrupción, una medida muy criticada por la oposición.

Ahora, el gobierno puso “a disposición de los interesados que así lo requieran las actuaciones archivadas obrantes” en la IGJ, el organismo encargado de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales y otras entidades, por donde circula información clave para develar maniobras irregulares.

El nuevo titular de la IGJ, Sergio Brodsky, adoptó la medida en razón de que “resulta necesario asegurar la conservación de aquellos documentos que realmente tienen valor permanente” y para “facilitar la búsqueda y el ordenamiento tanto de los documentos activos como los inactivos”. La resolución recuerda que según un decreto de 1982 las actuaciones de la IGJ “revisten carácter público y estarán a la libre consulta de los interesados”.

Durante los últimos años del kirchnerismo, la IGJ estuvo en manos de La Cámpora, que hizo todo lo posible por bloquear la entrega de información en dos casos paradigmáticos de las denuncias de corrupción contra Cristina y su entorno: Ciccone y Hotesur.

En el primer caso, por el que está procesado y camino a juicio el ex vicepresidente Amado Boudou, se denunció que la IGJ “perdió” expedientes sensibles para la investigación, vinculados a las firmas The Old Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply, las implicadas en la trama de corrupción. Esos documentos fueron “reconstruidos” por el organismo, pero habrían sido adulterados para quitarle datos sobre las maniobras irregulares.

En tanto, en el caso Hotesur la diputada nacional Margarita Stolbizer denunció que la conducción de la IGJ no controló a la firma creada por Cristina Kirchner para administrar los hoteles de El Calafate, donde se habría montado una estructura de lavado de dinero junto a Lázaro Báez. Incluso, el organismo llegó a ser allanado por esta causa.

Durante años, Hotesur no presentó a la IGJ sus balances, ni la integración de su directorio, ni la conformación societaria, pero las autoridades del organismo nunca pusieron la mira en la firma de la familia Kirchner. El año pasado, la Justicia le tuvo que ordenar a la IGJ que entregue información sobre los estados contables de Hotesur y todas las actuaciones administrativas que existían sobre esa firma.

En 2012, la conducción camporista de la IGJ (en ese momento en manos de Norberto Berner, después Secretario de Comunicaciones) había fijado un plazo de un año para obtener información sobre alguna sociedad, y además dispuso que el solicitante debía demostrar "interés legítimo" para que el organismo le entregara datos.

Tras la gestión de Berner, la IGJ estuvo en manos de otros camporistas, primero el ahora diputado nacional Rodolfo Tailhade y luego el abogado Diego Cormick. Ahora, Macri nombró en ese cargo a Sergio Brodsky, un abogado radical cercano a Daniel “Tano” Angelici.