El 22 de diciembre pasado las autoridades del Indec ratificaron la imposibilidad de medir la evolución de los precios por lo menos hasta que pasen ocho meses, consolidando un insólito apagón estadístico que se llevará casi todo el año. 

Luego, ante la necesidad de un guarismo oficial para el cálculo de varios instrumentos oficiales, como el coeficiente de estabilización de referencia (CER) por el que se ajustan los intereses de bonos y de deudas hipotecarias, Jorge Todesca y Garciela Bevacqua sugirieron como instrumentos alternativos válidos el índice de precios al consumidor (IPC San Luis) de la provincia de San Luis y el de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba).

En un comunicado afirmaron que "ambos índices vienen dándose a conocer a la sociedad regularmente.
Los métodos de ambos son conocidos y responden a las especificaciones técnicas recomendadas internacionalmente. Ambos indicadores tienen metodologías consistentes entre sí.
Cada uno cuenta con canastas representativas propias.
A mediano plazo presentan variaciones porcentuales similares."

No obstante,en diciembre la dispersión fue notoria. Mientras que la Ciudad estimó un alza promedio de 3,9%, este viernes el IPC puntano alcanzó casi el doble, 6,5% para el mismo mes. Aun así el acumulado anual del 29,6% porteño no difiere sustancialmente del 31,6% de San Luis.

En diciembre la dispersión fue notoria: la Ciudad estimó una inflación del 3,9%, mientras que San Luis la fijó en casi el doble con un 6,5%.

Ya antes de conocerse estas cifras, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, optó porque el IPC de referencia fuera no el promedio de ambos, sino el más bajo, el de la Ciudad de Buenos Aires, que administra el macrismo. Seguramente porque se publica antes, aunque también hay quienes sospechan que el ministro prefirió el guarismo más bajo para ahorrarle al Estado unos cuantos pesos de intereses y moderar las expectativas gremiales para las próximas partirarias. De hecho, fue el más cercano a sus estimaciones del 3,5%.

Analistas de mercados anticiparon a LPO que la decisión de Prat Gay de inclinarse por el más bajo podría representar una perjuicio para los bonistas e inversores y que podrían accionar judicialmente en reclamo de una mejor tasa de interés. Además, se mostraron preocupados por conocer los números de la real inflación de noviembre hacia atrás. Ahí sí era manifiesta la sospecha de manipulación deliberada del IPC para reducir los intereses que el Estado debía pagar. Por eso, hay acreedores que están esperando esos datos para demandar, según pudo saber LPO.

"Realmente es algo complejo, si por ejemplo hubiera una comunicación oficial que reeditara para atrás el IPC del Indec, seguramente habría lugar a algún tipo de demanda de algún inversor perjudicado", estimó Alejandro Biachi de Invertironline en diálogo con LPO.

Graciela Bevacqua y Jorge Todesca.

Télam

La expectativa es alta. Durante los meses de octubre y noviembre los títulos estrella del mercado fueron precisamente los papeles ajustados por CER. Los mercados anticipaban el sinceramiento de las estadísticas públicas y un aumento notorio de los rendimientos de estos bonos una vez que se normalizara el IPC. Por eso, también la diferencia entre los IPCs ahora genera zozobra en algunos inversores que prefieren esperar  y le bajan el pulgar a estos títulos.

En líneas generales, el Discount en pesos (DICP) y el Par en pesos (PARP) han cotizado en ligera baja en enero. De hecho, luego del insólito anuncio de Todesca y Bevacqua, que no están en línea con las expectativas de los inversores, "algunos decidieron tomar ganancias",  opinó otro analista de mercado consultado por LPO. "Lo más factible es que nuestros clientes, que son inversores chicos, directamente se desprendan de los papeles, pero un pez gordo es posible que inicie un reclamo", agregó.