Para no generar un cambio brusco como podría ser la restatización del servicio y con el fin de acoplarse a la política tarifaria que la Nación decidió para el transporte metropolitano, la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta ha definido dos medidas clave para el futuro del Subte.

En primer lugar, prevé mantener como gerenciadora de los subtes y el premetro a Metrovías—la empresa controlada por el grupo Roggio—mediante una nueva prórroga del “Acuerdo de Operación y Mantenimiento” que vence en el mes de abril.

Y en segundo lugar, postergará la suba en el boleto que inicialmente estaba pautada para el primer trimestre del año hasta que el gobierno nacional establezca la nueva tarifa integrada y multimodal que tiene en estudio para los colectivos, trenes y subtes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Ante el próximo vencimiento del acuerdo vigente con Metrovías, los técnicos de la la empresa SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) que lidera Juan Pablo Piccardo, comenzaron a delinear los términos de una extensión contractual con la compañía del grupo Roggio.

En principio, la prórroga para que Metrovías continúe operando los trenes sería por un período de dos años. De esta manera, la ampliación del plazo coincidiría con la finalización del “estado de emergencia” que rige para la prestación del servicio.

Tras la transferencia de la red de subtes de la Nación a la Ciudad concretada en 2013, el anterior gobierno porteño que encabezó Mauricio Macri había firmado un primer acuerdo de operación y mantenimiento con Metrovías hasta abril de 2015. El año pasado—unas semanas antes de que se cumpliera el plazo y con la campaña electoral en marcha--, la administración macrista optó por prorrogar ese convenio por 12 meses más.

Ahora, la gestión que pilotea Rodríguez Larreta resolvió seguir con el mismo criterio y no complicarse con una restatización o una licitación contrarreloj del servicio a pocos meses de haber asumido.

Larreta, Piccardo, Macri, Santilli, Dietrich y Chain con Paolo Rocca al inaugurar la estación Las Heras de la línea H.

GCBA

Con la permanencia de Metrovías, la administración porteña evita afrontar en forma directa el costo político de la dura negociación salarial que se avecina con los metrodelegados que fueron reconocidos como entidad gremial representativa del Subte a fines del año pasado.

Con respecto a la cuestión tarifaria, el aumento que estaba pensado para los primeros meses de 2016 ha quedado congelado y supeditado a lo que resuelva el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Dietrich ya anticipó que no habrá incrementos de tarifas en los trenes y colectivos hasta mediados de año. Los técnicos del ministerio están trabajando en un nuevo esquema que apunta a una integración tarifaria que permita realizar viajes combinados entre los distintos medios de transporte y a la transferencia directa de los subsidios a los usuarios por medio de la tarjeta SUBE.

Para poder implementar esos cambios, Dietrich necesita sumar inexorablemente los subtes capitalinos a los trenes y colectivos que operan en la región metropolitana.

Lo que aún no está claro es cómo se hará la “compatibilización tarifaria” que promueve el ministro de Transporte entre los ferrocarriles cuyo boleto promedio ronda los 2 pesos, los colectivos que cobran una tarifa media de 3,25 pesos y los subtes donde hay que pagar 4,50 pesos por viaje.

La nueva tarifa que surgirá para el Subte resulta vital para saber a cuánto ascenderá el monto de los subsidios que deberá girarle este año la Ciudad a Metrovías para que pueda atender todos los gastos operativos que no alcanza a cubrir con la venta de boletos.

En 2014—el año en que se aplicó el último ajuste tarifario para el Subte—, la suma desembolsada en concepto de subsidios a Metrovías rozó los 1.000 millones de pesos anuales.

En 2015, la compensación económica pagada por el gobierno local a la operadora de los subtes trepó a casi 1.500 millones de pesos.

Y si este año la tarifa se mantiene sin cambios, el monto de los subsidios promete escalar hasta un nivel mínimo de 1.900 millones de pesos.