Aunque la lucha contra el narcotráfico es considerada una de las prioridades del Gobierno, quienes tuvieron esa misión en la gestión de Cristina Kirchner parecen tener un lugar seguro en el Gabinete de Mauricio Macri.

Como explicó LPO, Nicolás Dapena Fernández, el último subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del gobierno kirchnerista, continúa como asesor de esa misma área.

Pero la herencia no termina ahí: el subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior es Julio Postiglioni, ex secretario del Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico), donde fue echado y denunciado por corrupción. El antecedente no impidió que Rogelio Frigerio lo sumara a su Gabinete. 

Postiglioni fue subsecretario de Control de Sustancias Psicoactivas del Sedronar hasta que en 2013 se quedó a cargo del organismo por la renuncia de Rafael Bielsa. 

En aquel entonces el Sedronar aún se dedicaba a prevenir el consumo de drogas y a crear acciones para combatir el narcotráfico. 

Pero en noviembre de ese año Cristina pateó el tablero le transfirió esta última función al Ministerio de Seguridad, donde creó una subsecretaría a cargo de Dapena y al mando de Sergio Berni.

Como parte de esos cambios Postiglioni renunció y asumió al frente del Sedronar el sacerdote Juan Carlos Molina.

Y no lo hizo en buenos términos: ni bien asumió Molina denunció irregularidades en la gestión de su antecesor, que consistían en habilitar contrataciones sin licitación, girar 66 mil pesos a su jefe de Gabinete y almuerzos por más de 1000 pesos el cubierto.

Más que el tenor de las acusaciones, menores a las recibidas por decenas de funcionarios kirchneristas, lo curioso aquella vez fue que el propio Gobierno ventilaba actos de corrupción de un secretario saliente.

De hecho, los papeles de las supuestas anomalías fueron difundidos por el diario Tiempo Argentino, una de las voces oficiales del kirchnerismo.

El propio Jorge Capitanich, por entonces jefe de Gabinete y vocero matinal de Cristina, informó que “el padre Molina tiene pleno respaldo de carácter institucional y actúa por orden expresa de la Presidente".

Fuentes cercanas a Postiglioni aclararon a LPO que la propia Sindicatura General de la Nación (SIGEN) desestimó las denuncias de Molina, que ni siquiera tuvieron actuaciones administrativas y mucho menos judiciales, o sea, fueron un ataque mediático impulsado por Cristina. No le impidieron volver a la función pública.