La familia de la joven que falleció ahogada en una fiesta clandestina realizada en La Plata pide que la Justicia investigue las denuncias de soborno y acusan al intendente Julio Garro.

Cristian Uscamayta, hermano de la estudiante de Periodismo fallecida en la trágica fiesta sigue afirmando que hubo sobornos para que el evento se pueda llevar a cabo.

“No tenemos novedades, no sabemos si están buscando a los responsables”, dijo en declaraciones a Radio Provincia. “Falta investigar el pago de sobornos y si se comprueba, el municipio va a estar muy complicado”, dijo.

El viernes, la familia de la joven que murió ahogada en una fiesta del 1 de enero encabezó la jornada junto a organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos y de los pueblos originarios. El lugar elegido fue la quinta de la localidad de Melchor Romero donde se realizó la fiesta organizada por empresarios cercanos al macrismo.

“Acá hubo responsabilidades por parte del municipo. Tendrían que haber hecho las cosas bien, tanto la policía como Control Urbano. Nosotros estamos convencidos de que acá hubo corrupción. Acá hubo coimas”, dijo Uscamayta.

Por su parte, el abogado de la familia, Adrián Rodríguez, aseguró que "falta investigar seriamente" y agregó que no ve que en lo inmediato el fiscal Álvaro Garganta avance en este sentido.

"Existen elementos que ameritan llevar adelante una investigación y que se cite a las personas responsables para una declaración de defensa. Hay elementos por experiencia judicial, con menos pruebas se han detenido a personas. En este caso no lo vemos", aseguró. Por último, Rodríguez sostuvo que "acá se cometieron muchos delitos, evasión tributaria, posiblemente haya asociación ilícita y cuestiones de cohecho y todavía no se hizo nada, no se investigó, no se avanzó y estamos ante una imputación muy light".

La causa

Los más complicados hasta ahora en la causa son los organizadores. La semana pasada, Garganta pidió detenerlos. El primero que cayó fue Gastón Haramboure, quien ya fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz, de Berisso.

El otro que se presentó ante la Justicia fue Santiago Piedrabuena, que evitó quedar preso por un recurso de eximición de prisión que presentó su abogado. Pero Mateos ya le denegó ese pedido y, si la Cámara también lo rechaza, quedará detenido. Está complicado por su responsabilidad en el hecho y por sus antecedentes: en 2014, el Tribunal N° 2 de La Plata lo condenó a cuatro años de prisión por tenencia de arma y tiene otra causa por “desobediencia” de una clausura realizada a su boliche “737”, de calle 46 entre 9 y 10.

Pero dos siguen prófugos. Uno es Raúl “El Peque” García, el militante PRO y empresario de viajes, cuyo vínculo con el poder político de Cambiemos compromete al intendente Julio Garro. Recordemos que García aparece en fotos con María Eugenia Vidal, con Mauricio Macri y hasta acompañó al intendente de La Plata en el escenario donde el nuevo Presidente festejó su triunfo. El otro prófugo es el dueño de la quinta, el ingeniero Carlos Bellone.

El pedido de detención se encuadra en la figura de homicidio culposo y doble desobediencia (por haber ignorado el acta que les ordenaba no hacer la fiesta y la de clausura de la misma). El abogado Miguel Molina, que defiende a García, Bellone y Haramboure, presentó un recurso de hábeas corpus destinado a revocar las órdenes de detención, al argumentar que los delitos por los que se les imputan “son excarcelables, no hay peligro de fuga y no se resolvió el planteo de eximición de prisión para estos tres acusados”. Pero el fiscal sigue firme y sostiene la necesidad de detenerlos.

En cuanto a la responsabilidad del gobierno de Garro, los más comprometidos son el jefe de Control Urbano, Roberto Di Grazia, y el secretario de Seguridad del municipio, el ex comisario Daniel Piqué. La responsabilidad de Control Urbano es explicar por qué no se clausuró la fiesta, a pesar de haber ido dos veces en la noche al lugar.

Por ahora, los inspectores sólo se limitaron a labrar actas, pero no avanzaron en el desalojo del predio. Además, complica a los funcionarios las declaraciones de los mismos organizadores que reconocieron haber pagado 20 mil pesos al organismo para que “aflojaran” los controles.