Ya lejos de poder bonaerense, el esquema de financiamiento que utilizó Daniel Scioli para sobrellevar la compleja economía de la Provincia y capear su candidatura a presidente comienza a salir a la luz.

Fue una forma de sobrevivir en una administración para nada ordenada y mucho menos desendeudada. La estrategia fue exprimir recursos frescos de las cajas previsionales de los colegios profesionales bonaerenses.

Si bien los números exactos los tiene el ministro de Economía, Hernán Lacunza, especialistas estiman que la deuda puede alcanzar unos $5.000 millones tomados de estas cajas previsionales privadas al que aportan unos 300 mil profesionales.

La denuncia la amplifica el abogado Jorge Luis Vitale, especialista en temas previsionales. “Las cajas cedieron fondos millonarios al gobierno a cambio de vales innegociables del Tesoro bonaerense”, explicó Vitale a LPO. Según confió, se trata de similar procedimiento al consumado por el gobierno de Cristina Kirchner contra los fondos jubilatorios de la Anses.

El mecanismo se comenzó a ejecutar con mayor intensidad a partir de 2011 y se incrementó hacia el final del mandato de Scioli. Con la anuencia de los presidentes de las cajas, los ministros de Economía de Scioli tomaron cuantiosos fondos de las cajas previsionales de escribanos, médicos, abogados, odontólogos, ingenieros, agrimensores, arquitectos, y bioquímicos agravando el riesgo financiero de estas entidades.

Vitale asegura que, a costa del vaciamiento de estas cajas, hoy colegios como el de Abogados requieren de diez aportantes para otorgar una jubilación. “Les dicen ‘las cajas de las viudas’ porque la situación en la que están estas cajas hace que los profesionales se terminen jubilando a los 70 años y finalmente la jubilación la cobran las viudas”, ejemplifica el abogado.

Si bien las cajas son netamente privadas, el Estado tiene la facultad de supervisar la administración de cada una, carácter que le facilita mantener latente la posibilidad de intervención, que es uno de los caminos para acceder a los fondos.

Se modificaron los topes

Las Cajas de profesionales fueron creadas por una ley que les fija un porcentaje para tener bonos. Sin embargo, el poder Ejecutivo tiene facultades para modificar esos topes. Incluso, muchas veces, las cajas superan esos porcentajes y los presidentes quedan atados a amenazas por parte del gobierno. Si luego no aceptan tomar más títulos, pueden llegar a ser intervenidos por el mismo gobierno que les propone tomar los bonos. Así, los presidentes terminan siendo víctimas y victimarios, todos caen en la trampa e intentan preservar el cargo, por el que perciben honorarios que rondan los 100 mil pesos.

En enero de 2010, el gobierno de Scioli cosechó recursos de las cajas previsionales de los colegios profesionales bonaerenses, a través de la ampliación de la emisión de un título público -con vencimiento en 2016- por hasta u$s 165 millones.

El mismo mecanismo había utilizado en 2009 cuando el Ejecutivo logró financiamiento clave por $ 111 millones, luego de que nueve cajas previsionales accedieran a habilitar un préstamo a la gobernación por ese monto, a cambio de aceptar un bono en dólares con vencimiento 2016.

Por aquel entonces, suscribieron el bono las cajas de profesionales de Ciencias Económicas ($ 30 millones); de médicos y farmacéuticos ($ 20 millones cada una); de ingenieros ($ 12 millones); de escribanos y abogados ($ 10 millones cada una); de veterinarios ($ 4 millones); de odontólogos ($ 3 millones) y de bioquímicos ($ 2 millones).

Más deuda

Aunque no hay datos precisos de esa deuda, los $ 5.000 millones que estipula Vitale se sumarían a los 90.729 millones que documentó Lacunza a los legisladores del Frente para la Victoria en el marco de la discusión por el presupuesto.

LPO había adelantado el informe enviado a los legisladores kirchneristas en el que se destaca, por un lado, un déficit de 16.000 millones y una amortización de deuda por 15.038 millones.

Además, una deuda con municipios de 1.256 millones; deuda con proveedores y contratistas por 8.015 millones y deuda con Ioma por aportes patronales por 2.605 millones.

En tanto, el gobierno fijó la deuda del Tesoro en 19.015 millones. Esto se comprende del préstamo de Nación para el control de inundaciones (3.551 millones), Caja de la Policía Bonaerense (2.405 millones); Fondo Federal Solidario (2.000 millones); Fondo Educativo (1.485 millones); Dirección de Escuelas (1.739 millones); Lotería y Casinos (1.304 millones); Organismos del ministerio de Economía (964 millones) y Instituto de Previsión Social (782 millones).

A esto se le suma la deuda con el Banco Provincia que asciende a 28.800 millones que el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso quitar de la discusión para avanzar sobre eso en marzo.