Mauricio Macri planea quitarle a la policía aduanera el poder de policía sobre las embarcaciones y dárselo a la Prefectura, con la misión de impedir la salida de droga hacia Europa, el último eslabón del circuito del narcotráfico argentino. 

Se trata de una de las medidas que trabaja por estas horas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como parte de un plan integral contra el ingreso de drogas, uno de los problemas que más preocupa al presidente.

El diagnóstico que manejan en la Casa Rosada es que la mayor parte de los estupefacientes entran desde el norte por vía aérea, terrestre y por la hidrovía de Paraguay pero la mayoría tienen como destino Europa, donde Argentina sería el tercer exportador de drogas. 

La droga que queda en el camino es el grueso del consumo interno, motivo de fuertes disputas territoriales y sólo posible por complicidad de autoridades policiales.  

Macri cree que si se complica el ingreso y la salida de drogas al país disminuirá paulatinamente la venta doméstica. Además, representa una camino más corto que desterrar la corrupción policial de cada provincia, una de las tareas pendientes de la democracia. 

Bolivia es la meca de la cocaína y desde allí ingresa al país por la frontera, un territorio de intenso intercambio comercial. Sergio Berni quiso cerrarla pero chocó con centenares de familias que temían perder su empleo.

Pero también llega por vía aérea sobre todo en vuelos privados desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde hay escuelas de pilotos para abastecer una incesante demanda.

Por Paraguay ingresa marihuana, la mayoría por tierra y siempre con complicidad de las autoridades argentinas en la frontera, un problema que carcome a Macri.

Según el relevo de Seguridad, la mayoría de la droga viaja a los puertos de Rosario y la Patagonia, donde hace años las pesqueras son acusadas de enviar cocaína y marihuana entre sus embarcaciones, la mayoría con destino a Madrid y Barcelona.

Fue por ese tema que Elisa Carrió libró una dura batalla judicial con la pesquera española Conarpesa, a la que acusó de financiar campañas políticas con dinero del narcotráfico.

Rosario se convirtió en el destino ideal porque llegan todas las rutas del norte y tiene uno de los puertos que mayor carga mueve en el país.

“En España la droga vale 10 veces más que en Bolivia y Argentina es su tercer exportador. Los 'peajes' se pagan con mercadería, que las policías locales dejan pasar y distribuyen. Ese es el mercado interno y es lo que explotó en Rosario”, describen en el Gobierno.

Macri considera que este circuito sólo fue posible por complicidad de la Policía aduanera, que depende de la Dirección Nacional de Aduanas. Y su idea es que cuanto antes la Prefectura sea la encargada de controlar los containers y abrirlos cada vez que los considere sospechosos. 

Uno de las trabas que tiene es que habría que modificar el código aduanero con una ley. No descartan convocar a sesiones extraordinarias.

Otra urgencia es mejorar el control aéreo con un prolífico sistema de radarización y una exhaustiva inspección de los puntos de carga de combustible de los aviones privados.

Por su tamaño, muchos charters no pueden llegar desde Santa Cruz de la Sierra a los puertos sin antes parar a llenar el tanque. “Las pistas de aterrizaje privadas son terrenos privados de 500 metros imposibles de detectar. Pero la carga de combustible sí se puede interceptar”, explican.

Para la custodia de las fronteras no hace falta otra cosa que una gendarmería activa. No es nada fácil: Macri y Burllich atribuyen a esta fuerza la responsabilidad de haber pasado el sábado el dato falso de las tres detenciones de los prófugos del triple crimen.

Creen que habría sido un gesto de complicidad con los policías santafesinos, quienes nunca estuvieron cómodos con el operativo nacional en su territorio.

Para combatir el narcotráfico Macri confía en lo que retuvo de la policía federal, que sólo transfirió su parte “de calle” a la Metropolitana. El resto es personal jerárquico y sería derivado a la investigación, donde debería coordinar acciones con las policías locales. 

La inteligencia criminal es otra área desguarnecida de la Gendarmería: su presupuesto es mucho menor que el de la del ejército, robustecida durante la gestión de César Milani. Si ella evitar la circulación de drogas no será fácil. Y es una de las mayores urgencias del Gobierno.