El nombramiento de Ricardo Echegaray como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) desató la primera crisis fuerte de Mauricio Macri con Elisa Carrió, quien presentó un amparo junto al diputado Frenando Sánchez para remover al ex AFIP.

La diputada ya había marcado la cancha al presidente cuando cuestionó a un aliado clave de Macri, como Daniel Angelici, por sus vínculos con el juego y su operación sobre la justicia.

Pero ahora, la diputada pasó del plano mediático al institucional. Dispuesta a dar batalla en el frente de Gobierno, la chaqueña exige a Emilio Monzó y Gabriela Michetti volver sobre sus pasos y emitir una resolución que deshaga la de ayer, que avaló el ingreso de Echegaray al organismo.

“La remoción puede darse con el mismo procedimiento que su asunción, o sea, alcanza con una resolución de los presidentes de las Cámaras”, los desafió Sánchez ante LPO.

Echegaray fue propuesto por el Partido Justicialista, por ser la fuerza opositora de mayor representación legislativa, pero el trámite se demoró por las impugnaciones de Margarita Stolbizer y Carrió, quien lo consideró “falto de idoneidad moral”.

El ex Afip respondió con documentos que constataban no registrar procesos penales pendientes ni inhibiciones judiciales.

La ley de administración financiera excluye a personas “con procesos judiciales pendientes o hayan sido condenados en sede penal”, una amplitud de criterio que para Carrió permite bloquear a Echegaray. Por alguna razón, Macri prefirió no enfrentarlo.

“Echegaray demuestra que no está procesado pero la ley tiene causas pendientes y la ley permite tomarlo en cuanta. Podría haber asumido como diputado, pero no en la AGN”, señaló Sánchez.

En Cambiemos hay quienes creen que el presidente tenía un acuerdo con el ex AFIP durante la campaña, cuando evitó nombrarlo y ocasionó alguna queja aislada de Carrió. Con su designación en la AGN abrió la primera grieta en el frente de Gobierno.

La marca de Ciccone

En su presentación ante el fuero contencioso administrativo federal, Carrió y Sánchez pidieron la nulidad de la designación y una cautelar para que no pueda ejercer el cargo.

Recordaron que "se encuentra abierta una causa contra Echegaray por enriquecimiento ilícito que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12".

Carrió alude también a una declaración del juez penal tributario Javier López Biscayart que niega haber encontrado pruebas en una causa iniciada por Echegaray, con el presunto propósito de enturbiar a la diputada.

“Hubo 13 allanamientos que no terminaron en nada. O sea, fue una causa armada”, aseguró Sánchez.

Pero tal vez el caso más relevante que la chaqueña intentó sin éxito hacer valer es la venta de la ex Ciccone Calcográfica a The Old Fund, la empresa que estaría vinculada a Amado Boudou.

La operación fue posible por un plan de pago generoso ofrecido por la AFIP, que debió explicar en la justicia Rafael Brenner, ex jefe de gabinete de asesores del organismo.

“No hay antecedente de un plan tan amplio. El fiscal Federico Di Lello pidió dos veces citar a declarar a Echegaray pero el juez Ariel Lijo no lo hizo. Pero eso no significa que no esté implicado”, argumentó Sánchez. Macri no piensa lo mismo.