A pocos días de la trágica fiesta clandestina de La Plata en la que murió ahogada una adolescente de 26 años, estudiante de la Facultad de Periodismo de La Plata, una de las patas de investigación del fiscal Álvaro Garganta ahonda sobre la responsabilidad de quienes tuvieron que evitar que el evento parece cobrar fuerza.

Es que desde la Secretaría de Seguridad del municipio que dirige Julio Garro, confirmaron en su informe a la Unidad Funcional de Investigación y Juicio (UFIJ) 11 que un móvil de la Policía Local estuvo frente a la quinta donde se hizo la fiesta hasta las 21 del jueves 31 de diciembre. A esa hora se retiró.

Esta explosiva revelación viene a abonar las sospechas de una connivencia abonada por el pago de coimas entre los empresarios de la noche que realizaban las fiestas ilegales y la administración de Garro, que si bien "advirtió" a los empresarios que no hagan la fiesta -ampliamente difundida por las redes sociales-, lo cierto es que no tomó ninguna medida concreta para impedirla o suspenderla. 

En su defensa, los funcionarios del intendente Garro aseguran que la Policía Local tiene entre 8 y 10 móviles por noche y que resolvieron que el móvil que se encontraba frente a la quinta de Melchor Romero siguiera patrullando por la avenida 520.

Respaldo de Vidal. En medio de la crisis por la investigación de pago de coimas al gobierno de Garro para que haga la vista gorda anta le fiesta ilegal que terminó con la muerte de Yésica Curi, la gobernadora eligió hoy mostrarse en una actividad en La Plata con el intendente.

En paralelo, el fiscal investiga la veracidad de la denuncia que circuló a través de las redes sociales por el presunto pago de una coima para sortear la suspensión de la fiesta, que según afirmó el juez de Garantías, César Melazo, habrían sido gestionadas por el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia.

Hoy, el fiscal Garganta pidió la detención de los cuatro responsables de la fiesta. En el escrito, el fiscal solicitó al juez de Garantías Fernando Mateos, que detenga a Raúl Ismael García; Carlos Federico Bellone, ingeniero, dueño de la quinta; Santiago Piedrabuena, el empresario dueño de un reconocido boliche platense y Gastón Haramboure, quien ya fue condenado en el 2009, a 10 años y 8 meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, crimen ocurrido frente al boliche Alcatraz de Berisso.

El fiscal les imputó los delitos de “homicidio culposo y desobediencia” ya que realizaron la fiesta pese a que la municipalidad de La Plata los había intimado previamente a que no la hagan debido a que el lugar no estaba habilitado.

Garganta dio por acreditado que Yésica Emilia Uscamayta Curí, falleció el 1 de enero a las 9.30 luego de ser sacada de una pileta que había en la quinta y sometida a maniobras de RCP.

Sostuvo que en el evento “hubo una explotación comercial de pileta” y agregó que no implementaron medidas de seguridad “ya que no había guardavidas ni contratación de un servicio de emergencia”.

Además, precisó que la fiesta “nunca debió empezar” y aclaró que pese a ello “luego no fueron capaces de montar una estructura de seguridad mínima”.

El hecho que se le imputa a los cuatro hombres ocurrió en una casa quinta situada en 520 entre 159 y 160, en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, en una fiesta que según la comuna local "no había sido autorizada" para su realización, pero los organizadores "desoyeron en dos oportunidades" las advertencias.