Andrés Ibarra anunció esta tarde que a partir de mañana comenzará la revisión de unos 35 mil contratos del sector público realizados en los últimos tres años.

De esta manera, el ministro de Modernización iniciará el cumplimiento de la misión por la que fue designado por Mauricio Macri, que anticipó LPO: descubrir y echar a los ñoquis kirchneristas que Cristina metió en el Estado, en particular durante el tramo final de su gestión.

De acuerdo al funcionario, desde el 2001 se crearon unos 64 mil puestos de trabajo dependientes de la administración nacional. Tan sólo en los últimos tres años, fueron nombradas unas 24 mil personas a las que se sumaron unos 11 mil concursos, también iniciados entre 2013 y 2015.

Ibarra informó que esos 24 mil contratos serán prorrogados por tres meses mientras se realiza una evaluación de las tareas que realizan esos empleados, y que serán cesanteados quienes “no estén cumpliendo funciones en el Estado”.

En tanto, los contratos celebrados entre 2001 y 2012 se extenderán por un año más, aunque también quedarán bajo estudio, con el objetivo de comprobar si las funciones del empleado se corresponden con el compromiso contraído.

"El Estado hoy tiene 64.000 contratos y en los últimos tres años fueron incorporados alrededor de 24.000, con un crecimiento de más del 50 por ciento sobre la evolución de los últimos años. Es un número importante; por eso hemos pedido a cada una de las áreas de la administración que evalúe esos contratos, que sean analizados y vean si corresponden, si están cumpliendo funciones en el Estado”, explicó Ibarra.

Es que en el último año de gestión de Cristina Kirchner, hubo una política deliberada de incorporar al sector público la mayor cantidad de empleados que fuera posible, especialmente aquellos ligados a La Cámpora. La situación llegó a extremos grotescos durante el último mes antes de la asunción de Macri, cuando hubo una verdadera explosión de designaciones.

La estrategia de la ex presidenta fue multiplicar las direcciones de los distintos organismos públicos como la Aftic, que le inventaron 19 divisiones, cuando su predecesora tenía sólo 9, o el Orsna, que todavía preside Gustavo Lipovich, en donde se hizo un verdadero festival de nombramientos.

Como explicó LPO,  en el PRO detectaron que el kirchnerismo inventó organigramas enteros que en realidad son áreas fantasma que no tienen otra función que la de acumular personal que no cumple ninguna tarea en ningún lugar físico.

La designación masiva de militantes camporistas llevó a situaciones insólitas con el cambio de gobierno. Por ejemplo, cuando los nuevos jefes llaman a los empleados cuyas tareas son dudosas, se presentan como “técnicos” para poder seguir en sus puestos y critican a los kirchneristas para simular que están alineados con el macrismo.

Sobre los concursos, Ibarra sostuvo que en los últimos años “se han liberado vacantes por alrededor de 17.000 casos, de los cuales 11.000 aproximadamente están en vías de ser concursados en distintos ministerios. Alrededor de 2.500 han pasado a planta permanente. Vamos a evaluar que estos concursos sean legítimos”, precisó.

“Respecto de los concursos, por supuesto que aquellos concursos que estén bien hechos seguirán su evolución de proceso y los que ya se incorporaron pasaran por los hitos que tienen que pasar, porque ustedes saben que durante el primer año para ser homologados y concretado su pase a planta permanente se requieren dos evaluaciones de desempeño. Así que se cumplirá con las evaluaciones de desempeño y continuarán con el proceso”, puntualizó Ibarra.

En el entorno del funcionario señalaron que con el mero anuncio de la evaluación muchos empleados que actualmente no acuden a trabajar no se va a presentar porque saben que no la pasarían. Luego, la evaluación misma se convierte en un segundo “filtro” para los ñoquis.

El decreto que reglamentará los mecanismos de “revisión y evaluación” de los contratos y concursos de personal que haya ingresado al Estado en los últimos tres años saldrá publicado mañana en el Boletín Oficial, apuntó el ministro. 

Por otra parte, fuentes del ministerio aseguraron que para los casos de planta permanente evalúan hacer efectivas las jubilaciones de aquellos trabajadores que tengan edad de acceder a ese beneficio, aunque no está descartado avanzar en un plan de retiros voluntarios para algunas dependencias estatales.