La eliminación de las DJAI, el polémico régimen de "Declaración Jurada Anticipada de Importación" que creó Guillermo Moreno para autorizar el ingreso de productos del exterior, sepulta también un fenomenal negocio montado en estructuras que controlaba La Cámpora para cobrar "peajes" de entre 10 y 15 por ciento a empresarios que necesitaban acceder a esas autorizaciones.

Según confiaron a LPO fuentes del sector importador, en el último año -cuando empezaron a ver que podían ser desalojados del poder- la práctica se había generalizado y consistía en cobrar una coima del 10 por ciento a grandes importadores que requerían ingresar mercadería por millones de dólares mensuales. Pero a las Pymes que necesitaban autorizaciones para montos chicos, de algunos miles de dólares mensuales, el peaje era del 15 por ciento "porque si no, no es guita", argumentaban los que controlaban el sistema.

Este medio había revelado que después de la primera vuelta electoral, y ante la inminencia de una derrota, desde el Ministerio de Economía habían empezado a agudizar esta práctica. Necesitados de productos y frente a la futura devaluación, a los empresarios le cerraba el pago del 10 o 15 por ciento extra y, por ende, aceptaban el mecanismo ilegal.

La operatoria estaba a cargo de la secretaria de la subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español, integrante de la mesa chica del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y dependiente del secretario de Comercio, Augusto Costa.

En el ministerio que conducía Kicillof argumentaban que ellos habían dispuesto un sistema online sin contacto con los importadores para terminar con las discrecionalidades de la época de Guillermo Moreno. Sin embargo, los empresarios consultados afirman que aquellos que accedían a pagar coimas podían sortear la barrera digital y eran recibidos.

Las fuentes del sector importador incluso explicaron a LPO que las maniobras se veían a plena luz en los locales comerciales. Por ejemplo, en el mercado de las notebooks, en negocios como Compumundo, se encontraban determinadas marcas con muchos modelos, otras con pocos y otras que directamente no lograban ingresar sus productos. Diferencias curiosas porque las que lograban ingresar la mercadería como las que no, provenían generalmente del mismo país y estaba construidas casi con los mismos componentes.

Algo similar se puede observar en el sector de la ropa, con empresas que pueden entrar su mercadería y otras hartas de las trabas directamente abandonaron el mercado argentino.

Tan perverso era el sistema que cuando se acercaban fechas de mucho consumo como el Día de la Madre, Navidad u otras similares, desde la repartición a cargo de Paula Español empezaban a pisar todas las autorizaciones para obligar a los empresarios, desesperados, a negociar. Lo mismo cuando detectaban que una firma estaba por lanzar algún producto nuevo.

La trama fina del negociado

Los empresarios que sufrieron en carne propia el sistema sostienen que las maniobras provenían de la Subecretaría de Comercio Exterior que hasta el 9 de diciembre condujo Paula Español, una economista que respondía a Kicillof y Augusto Costa. Pero en el kirchnerismo niegan que la funcionaria estuviera al tanto de este esquema, una respuesta habitual ante este tipo de denuncias.

Augusto Costa junto a sus subsecretarios Ariel Langer y Paula Español.

Mecon

Una fuente al tanto de estas prácticas reveló a LPO que Español había montado un círculo de funcionarios afines que sostenían su gestión y estaba integrado por Matías Ginsberg, Andrés Tavosnanska y Matías Alfie, asistidos por las tres "secretarias" de Español, de nombres Georgina, Tamara y Paula.

Las fuentes explicaron que debajo de esta línea de funcionarios, cada vez que había una dificultad para destrabar un envío, aparecían "gestores" que ofrecían la solución al problema cambio del porcentaje citado. Lo curioso es que la propuesta solía ser efectiva. Es decir, tenían el poder de destrabar las autorizaciones.

En la época de Moreno, a quien los empresarios le reconocen que jamás les hizo una propuesta de este tipo, había sin embargo un peaje a pagar. Casa tanto s eles pedía que aportaran entre el 7 y 8 por ciento del envío para "los muchachos" de UPCN, el gremio de estatales que llevan adelante las distintas estructuras de Comercio.

La sospecha de los empresarios es que las autoridades máximas no podían no estar al tanto de lo que ocurría porque en el último año el sistema se había degenerado y abarcaba prácticamente todos los sectores, era estructural.

Tanto era el desbande que las empresas multinacionales a las que se les hacía cada vez más complicado esconder esos pagos extras, empezaron a recurrir a los tribunales para conseguir amparos para destrabar la mercadería.

Pero como la Argentina es una tierra de inagotables oportunidades, salieron de una red para caer en otra: En algunos de los juzgados competentes, en lo que tenía injerencia la AFIP, se les pedía un diez por ciento de retorno para abrir el expediente y sacar el amparo. Con un agravante: Cuando en la Secretaría de Comercio a cargo de Español recibían la orden judicial, esa empresa pasaba a ser mala palabra y ya no le autorizaban ninguna importación.

Furiosos, varios de esos empresarios analizan ahora demandar a los funcionarios implicados y pedir a la Justicia que investigue el patrimonio de algunos responsables de la Subsecretaría de Comercio Exterior durante la gestión de Español.