El juez federal Norberto Oyarbide llamó a indagatoria al vicepresidente Amado Boudou para el próximo 15 de diciembre, cuando ya deje su función, en la causa que investiga vuelos en helicópteros pagados por empresarios.

Fuentes judiciales indicaron que Oyarbide hizo lugar al pedido que le había formulado el fiscal Carlos Rívolo, un planteo que solicitó hace mas de un año y reiteró la semana pasada reclamando, además, la prohibición de su salida del país.

Por otro lado, el juez Ariel Lijo dio por concluida la instrucción de la denominada causa Ciccone, que tiene como procesado principal al vicepresidente y le dio vista a la fiscalía para que se expida sobre esa resolución, se informó hoy en los tribunales.

El paso procesal implica que el fiscal federal Jorge Di Lello tendrá seis días de plazo para dictaminar si coincide con el juez en el cierre de la instrucción y elevar la causa a juicio oral o no, en cuyo caso deberá fundamentar un eventual pedido de ampliación de pruebas.

Desde junio pasado Boudou afronta un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, junto a su amigo José María Nuñez Carmona y el empresario Alejandro Vandenbroele.

Boudou siempre aseguró que no conoce a Vandenbroele, titular de "The Old Fund", la empresa radicada en Uruguay que se convirtió en controlante de la ex Ciccone Calcográfica, y señalado como supuesto "testaferro" del vicepresidente.

También están con procesamiento ratificado Nicolás Tadeo Ciccone, uno de los cofundadores de la imprenta, y su yerno Guillermo Reinwick, y los ex funcionarios de Economía César Guido Forceri y de la AFIP Rafael Resnick Brenner.

Según la investigación Boudou, a través de Núñez Carmona, negoció con la familia Ciccone el levantamiento de la quiebra de la empresa para luego garantizarle negocios desde el Estado que se concretaron, entre ellos la contratación con la Casa de Moneda.

Ciccone le cedió 70 por ciento de las acciones a "The Old Fund" y luego la AFIP le acordó un plan de facilidades de pago que hasta ese momento le negaba a Ciccone, por lo que fue necesaria la participación de los entonces funcionarios Forceri y Resnick Brenner.