Federico Pinedo se reunió esta semana con juristas cercanos para evaluar proyectos sobre calidad institucional para el próximo Gobierno, confiado en que será Mauricio Macri.

Pero entre los temas a tratar no estuvo el límite a los decretos de necesidad y urgencia, uno de los históricos reclamos de la oposición durante el kirchnerismo.

Ocurre que a Macri no le conviene meterse el tema. Si se consagra presidente, un acuerdo con el massismo y el peronismo opositor le permitiría llegar a la mayoría en Diputados pero no en el Senado, donde estaría obligado a negociar con un bloque del PJ afín a los gobernadores, que si Scioli resulta derrotado no tardará en aparecer. 

La posibilidad de gobernar por decreto de necesidad y urgencia lo hará más fuerte en esa negociación y por lo tanto no querrá perderla, con la fantasía de cumplir con una agenda institucional.

Ocurre que la ley de 2006 obliga a ambas Cámaras a rechazar un DNU y si sólo una de ellas lo logra la inconsulta decisión presidencial sigue firme. O sea, se puede gestionar cómodamente con medio Congreso.

El artilugio fue usado por Cristina durante los dos años de hegemonía opositora en el Congreso y, si resulta electo el domingo, Macri no se quiere quedar atrás.

“Al menos hasta marzo tendrá que gobernar por decreto así que es impensado que no aproveche esta ley y evite presión de los gobernadores”, confesó a LPO uno de los juristas que se reunió con Pinedo a hablar de leyes republicanas.

Una de las primeras sería darle autonomía a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), sometida al arbitrio de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El Gobierno le quitó atribuciones hace 6 años, cuando no pudo controlar a su entonces titular Manuel Garrido.

También se habló del endurecimiento del delito de cohecho y de la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, uno de los deseos de Macri, de no tal fácil implementación. Pero nadie habla de limitar los decretos presidenciales. Tal vez no sea el momento.