El vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, negó trascendidos sobre un “recorte masivo” en la administración pública a partir del 10 de diciembre, pero adelantó que esperarán “a tener todos los elementos para hacer una descripción” y “revisar” las últimas contrataciones.
“Cuando terminemos la transición se va a hacer un relevamiento y un informe objetivo, pero no hay dudas de que existe un crecimiento de la planta de trabajadores en los municipios y en la provincia”, dijo Salvador en declaraciones radiales.
El vice entrante relativizó declaraciones suyas reproducidas -o forzadas- por la agencia oficial Télam y explicó que en sus dichos no hacía referencia a la planta estatal de más de 550 mil trabajadores. "Mi pregunta era sobre qué pasaba con todos esos nombramientos que se están haciendo”, dijo Salvador.
“Obviamente hay que analizar que (esos nombramientos) estén bien hechos. Hay organismos que son encargados de revisar esas cosas, bajo ningún punto de vista fue una afirmación genérica”, aclaró. No es un secreto que a días de dejar el poder el kirchnerismo está avanzando con un masivo pase a planta y a importantes cargos políticos de sus militantes camporistas.
El radical había hecho declaraciones en Canal 26 que generaron revuelo. Desde el macrismo también relativizaron esas expresiones. “No hay mucho para comentar, tergiversaron lo que dijo Salvador, cuando se ve el video queda claro”, dijo a LPO una fuente cercana a Vidal.
A horas de la veda, el sciolismo uso las palabras del vice electo para alimentar la campaña del miedo y se encargó de difundir declaraciones de dos gremialistas ultra cercanos al gobernador bonaerense: el docente Roberto Baradel y el líder de los estatales, Carlos Quintana.
"Para la CTA es inadmisible que pretendan echar trabajadores del Estado para resolver problemas estructurales del presupuesto que tiene la provincia", afirmó Baradel, el líder docente que esperó los resultados de la elección de octubre en el Luna Park junto con la cúpula del sciolismo.
En tanto, Quintana analizó que en "Cambiemos piensan que todo se arregla echando gente o dejando a los trabajadores sin paritarias". El líder de UPCN aseguró que “la mentalidad está marcada. Uno no quiere meter miedo. Pero que digan que van a achicar el Estado reduciendo personal es una barbaridad".
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El macrismo suele explicar los recortes de personal por razones de austeridad presupuestaria y fiscal, repitiendo la receta neoliberal que los argentinos conocemos, por lo menos, desde tiempos de Alsogaray y Krieger Vasena. Vidal y Salvador no se alejan de ese repertorio ni un milímetro, dicen lo que realmente piensan.
Pero el macrismo no aplica la misma austeridad cuando se trata de ceder bienes públicos a la Iglesia, o de beneficiar a sus empresarios amigos con licitaciones a medida, o de dar subsidios cada vez mayores a la educación privada. La austeridad macrista rige sólo para los trabajadores y los usuarios de servicios públicos, es decir para achicar lo público en beneficio de los negocios privados.
Tampoco es austero cuando se trata de llenar el Estado con su propia planta política partidaria. Al mismo tiempo que precariza y vacía el trabajo en instituciones públicas (hospitales, escuelas, etc.) y persigue a sus trabajadores, el gobierno de Macri aumentó su planta política a niveles nunca antes conocidos en la Ciudad. Para esto, produjo un récord de cambios de organigramas y de estructuras que multiplicaron secretarías, direcciones generales, direcciones, gerencias, etc. Un caso notable de esto es el ministerio de educación dirigido por Esteban Bullrich, que mediante decenas de cambios de organigrama infló la estructura ministerial para multiplicar su planta política partidaria, al mejor estilo de La Cámpora.