El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó hoy que haya detectado alguna irregularidad en la licitación de Plan Qunita, por la cual prestó declaración indagatoria ante sospechas de sobreprecios y de haber favorecido a empresas.

Ante el juez federal Claudio Bonadio, el jefe de Gabinete declaró e insistió con un pedido de nulidad de la acusación hecha por el fiscal Eduardo Taiano al considerar que no existe delito por el cual investigar, por lo que en su opinión "la causa debe ser cerrada".

Fernández se presentó a las once de la mañana y declaró en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py durante una hora. Para protegerlo de la prensa, la Policía Federal cerró el ala en la que está ubicado el despacho de Bonadio.

Sin embargo, cuando salió del lugar, Aníbal habló con los periodistas. "Expliqué cosas que tenía que explicar y contesté las preguntas", dijo. "No detecté irregularidades", se defendió.

Según Fernández, en el caso existe la presunción de legalidad de actos administrativos, pues él firmó la licitación en uno de sus pasos para rubricar lo que previamente se acordó en la cartera respectiva. En ese sentido, él aseguró que no detectó "ningún vicio" en ningún paso de la cadena de licitación.

El funcionario dejó además un escrito en donde insistía en la nulidad de la causa, pero aclaró que eso "no inhibía" su "voluntad" de presentarse en la causa: "No tengo por qué no colaborar con la investigación".

El Plan Qunita es una asistencia que reciben mujeres embarazadas que consiste en la entrega de un kit que contiene de cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé un chupete, un mordillo, un termómetro digital, y cremas, entre otros elementos.

La denuncia que originó la investigación la hizo la legisladora y ex ministra de salud de la Nación Graciela Ocaña, quien ayer presentó una cuna y los mismos elementos que ofrece el plan por su cuenta y aseguró que pagó unos 4.100 pesos en tanto que la licitación fue a un precio unitario de más de 7.800.

En la causa, Bonadio citó a unas 23 personas y ésta semana se presentaron en indagatoria el ex ministro de salud y Gobernador de Tucumán, Juan Manzur; y el actual ministro de la cartera sanitaria Daniel Gollán.

La mayoría de los kits fueron adquiridos a la empresa Fasano SRL, lo cual llamó la atención de los investigadores puesto que se trata de una firma dedicada a los negocios inmobiliarios y en 2014 apenas tuvo una facturación de seis mil pesos.

Además de Fasano SRL también resultaran licitadas para completar otra porción de los kis las empresas Dromotech, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SR, Fibromad y Delta Obras y Proyectos.

En la causa, consta un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que estableció un precio de referencia que apenas superaba los 6600 pesos.

No obstante, la empresa Fasano SRL, a la cual se le compró unos 115 de los 150 mil kits, fijó un precio unitario de 7850 pesos por un costo total en la operación de 903 millones.