Los expertos en derecho penal sugieren al próximo gobierno que instrumente la figura del “arrepentido” para avanzar en las causas contra la corrupción.

Así se desprendió en el panel de especialistas organizado por el Centro de Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés del que participó LPO.

El panel lo integraron el diputado radical Manuel Garrido –ex fiscal de investigaciones administrativas-; Hugo Wortmann Jofré, presidente de la ONG Poder Ciudadano; Carlos Winograd, ex secretario de Defensa de la Competencia; Roberto Durrieu, doctor de Derecho en Oxford; Fernando Basch, del centro de Estudios Anticorrupción de San Andrés y Federico Morgenstern, autor del libro La Cosa Juzgada Fraudulenta.

Según el estudio de Morgenstern, la doctrina de la “cosa juzgada írrita” permite reabrir causas de corrupción, cuando su cierre fue producto de presiones del poder o maniobras fraudulentas.

Todos los disertantes coincidieron en la necesidad de implementar en la Argentina la figura de la “delación premiada”, que ya tuvo resultados estruendosos en Brasil. La Justicia brasileña aplicó la “delacao premiata” en el marco del escándalo de Petrobras conocido como "Lava Jato", el caso de corrupción más grande de la historia del Brasil que puso contra las cuerdas a Dilma Rouseff y amenaza con liquidar el legado de Lula.

Esta figura, adoptada también en Perú con la “ley del colaborador eficaz” e inmortalizada en las películas de Hollywood con los micrófonos del FBI que se colocan en el pecho los gángsters, permitiría, según Winograd, asestarle un golpe al “mercado de la corrupción”.

“Sería una experiencia adecuada”, aseguró Garrido, quien explicó que como el principal problema para investigar la corrupción es la detección del hecho, el incentivo de reducción de penas para el “arrepentido” ayudaría a que muchos casos de corrupción política salieran a la luz.

En ese sentido, el diputado recordó que la reducción o eximición de penas para quienes cooperen con una investigación ya está vigente para delitos como el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, los secuestros extorsivos y el terrorismo.

Pero aún no hay un marco legal a nivel nacional para el arrepentido en casos de corrupción y según Garrido, al haber impunidad en los delitos de corrupción y si la Justicia no le causa riesgos reales a los funcionarios corruptos, el arrepentido no tiene alicientes para cooperar.

“En contextos de hipercorrupción, cumplir la ley es peligroso”, aseguró Wortmann Jofré citando a Carlos Nino, y aseveró que la corrupción no puede combatirse únicamente con “incentivos negativos” como las sanciones penales, sino que deben estudiarse los “incentivos positivos” como la reducción o morigeración de penas e incluso la recompensa económica para quien coopere con una causa.