Vaca Muerta
La Corte le ordenó al Gobierno que publique el acuerdo entre YPF y Chevron
El máximo tribunal ordenó que se hagan públicas las cláusulas del acuerdo, que el Gobierno oculta desde 2013.

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la empresa YPF que "haga públicas" las cláusulas secretas de su acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron sobre inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, que se mantienen ocultas desde 2013 por orden del Gobierno nacional.

El máximo tribunal remarcó en su fallo que "las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos".

El fallo hizo lugar a una acción de amparo iniciada por el senador socialista Rubén Giustiniani y revocó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que en 2014 le negó al legislador el acceso al texto completo del acuerdo entre la petrolera nacional y la multinacional.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda coincidieron en su voto, mientras que la jueza Helena Highton de Nolasco lo hizo en disidencia por considerar que se debe acatar el dictamen de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, el cual se pronunció por dar intervención a Chevron.

"YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información", sostuvo la Corte, según lo informado por el Centro de Información Judicial. El fallo subraya que ese "derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales".

La Corte desarma los argumentos acerca de la necesidad de mantener la confidencialidad por tratarse de una empresa privada, al recordar que el Estado " no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones".

"Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio", agregan los magistrados, apelando a cuestiones elementales que no habían sido tenidas en cuenta en las instancias anteriores.

"El Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades", agrega el CIJ. 

"YPF -continúa la Corte- desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión".

Para rebatir los argumentos de Gils Carbó -que fueron tomados por Highton de Nolasco-, los tres jueces que firmaron el fallo aclararon que es YPF "la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información", por lo que no corresponde  dar intervención en el juicio a Chevron.

El caso

En 2013 Giustiniani había presentado en el juzgado federal 7 en lo Contencioso Administrativo una "acción de amparo por acceso a la información" mediante la cual "solicitó que se condene a YPF SA a entregar la "documentación que negó expresamente, requerida mediante una nota del 22 de agosto de 2013, y su reiteratoria del 6 de septiembre de 2013".

"Dicho pedido está relacionado con la calidad ambiental y con las actividades a desarrollar por YPF y Chevron en las áreas de Lomas de La Lata Norte y Loma Campana", añadió el senador santafesino.

Giustiniani cuestionó la supuesta existencia de "cláusulas secretas en el contrato", entre ellas un hipotético "compromiso que obliga al país a entregar por más de 35 años una zona que es la tercera más rica del mundo en petróleo y gas no convencional" y una "cláusula que asegura el cobro a perpetuidad de regalías aunque Chevron se retire del negocio".

Pero tanto el juzgado como luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se negaron a acceder a lo solicitado por el senador socialista. "La divulgación del contenido del acuerdo firmado con la firma Chevron puede comprometer secretos industriales, técnicos y científicos, con el consecuente incumplimiento contractual", respondieron los camaristas Rodolfo Facio y Carlos Grecco.

"Tampoco puede soslayarse que la confidencialidad invocada por YPF SA respecto de dicho acuerdo, otorga razonablemente el derecho a mantenerla, en tanto la divulgación de la información de aquella naturaleza puede provocar, al mismo tiempo, el incumplimiento contractual y una afectación del referido derecho", añadieron en ese momento los camaristas. 

El fallo de la Cámara reivindicó la privacidad de esos detalles del contrato cuando se trate de "secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; o información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial".

Los jueces aclararon también que "no puede soslayarse que la pretensión involucra a una empresa extranjera, que ha constituido con YPF SA relaciones jurídicas internacionales, sin que haya sido oída en este proceso, lo cual involucra no sólo una potencial afectación de su derecho constitucional a la defensa en juicio sino también, de manera indirecta, el interés nacional".

La tercera integrante del tribunal, la jueza Clara Do Pico, votó en disidencia, a favor de que le fuera entregado a Giustiniani el texto íntegro del contrato. 

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  • 1
    amilios
    11/11/15
    20:54
    FPT e YPF son dos casos parecidos, los dos podrían estar bien gestionados y dar renta. La ineficiencia artificial y en beneficio faccioso no es el único camino que tiene el Estado de gestionar, con sólo cambiar a los que administran un buen negocio funciona sea quien sea el dueño. Espero que no se privatizen, pues lejos está de ser el único camino, sobre todo con FPT (por lo sencillo del caso) que con sólo aceptar que hagan publicidad las muchas empresas interesadas en hacerlo, al menos el Estado tendría una fuente de ingresos genuina.
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