El Gobierno nacional le sigue reteniendo a la Ciudad 30 coches de la línea C pese a que la Justicia ordenó que fueran liberados para adaptarlos a la red de subterráenos.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) informó que 18 coches japoneses Nagoya adquiridos para la Línea C continúan retenidos porque la Secretaría de Comercio que encabeza Augusto Costa no firma los certificados de importación de bienes usados necesarios para ser puestos en servicio, tal como había anticipado LPO en exclusiva.

El pasado martes, la jueza Liliana Heiland, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, secretaría N° 20, hizo lugar a la acción de amparo presentada por SBASE y ordenó liberar los coches Nagoya.

Los 18 coches se encuentran distribuidos en el Taller Polvorín y en el Taller Magaldi, que Sbase le alquila al Grupo Clarín en Barracas, según reveló el sitio Enelsubte.com, pero no pueden entrar en servicio hasta que la Secretaría de Comercio no firme los certificados. Asimismo, otros 12 se encuentran retenidos en la Aduana.

Al respecto, voceros de SBASE afirmaron: “Los coches no están escondidos como afirmó un periodista. Hay 18 que están en talleres y 12 que están en la aduana, y ninguno puede ponerse en servicio si el Gobierno nacional no firma los certificados correspondientes, algo que adeuda desde enero”.

En ese sentido, la jueza estableció un plazo máximo de 5 días para emitir los certificados para la importación definitiva.

Desde principios de 2015, hay 18 coches Nagoya con aire acondicionado retenidos, que mejorarían la frecuencia en la Línea C si pudieran ser incorporados a la red.

Hasta el momento, el Estado nacional dilató los trámites y puso trabas, afectando así, no al Gobierno porteño, sino al millón de pasajeros que utilizan el subte a diario.

Según la empresa, la incorporación de estos coches es fundamental para mejorar el servicio de esta línea, ya que permitirá mejorar la frecuencia y realizar tareas de mantenimiento en las formaciones actuales.

Sbase indicó que a este perjuicio que le genera al usuario, se suma el dinero gastado por la Ciudad en concepto de almacenamiento: unos 643 mil dólares en depósitos fiscales.