El vocero de los Trenes Argentinos, una sociedad del Estado que depende del ministro Florencio Randazzo, recibió millones en pauta oficial y violó la ley de Ética Pública.

Una minuciosa investigación de La Nación reveló que Iván Sebastián Battista es uno de los casi 2700 beneficiarios de la pauta oficial que el Gobierno gira a los medios de comunicación.

Battista es director de Canal 5 de Chivilcoy, fue vocero de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) y pasó luego a Trenes Argentinos, donde se convirtió en gerente de prensa, siempre en la órbita el Ministerio de Interior y Transporte, que encabeza Randazzo.

A ese puesto llegó por obra y gracia de Ariel Franetovich, titular de Trenes Argentinos, cuyo nombre legal es Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), pese a que Battista no tiene trato con los medios y en el randazzismo lo consideran como el más desprolijo de la estructura de comunicación del ministerio.

Como explicó LPO, Randazzo apuró el armado del directorio de la nueva empresa Ferrocarriles Argentinos y uno de los ungidos fue Franetovich.

Según La Nación, Battista recibió sus primeros pagos por pauta oficial en 2011: fueron 24.200 pesos. Para el primer semestre de este año, la cosecha se multiplicó hasta $ 1.196.381. El funcionario cobró pauta oficial a través de las sociedades Estudio Audiovisual Comunicación y Medios SA e Integra TV SH, que entre 2009 y 2015, acumularon pauta por $ 4.360.033.

El artículo 13 de la Ley de Ética Pública (nº 25.188) establece que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.

En diálogo con LPO, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que es incompatible que un funcionario público reciba pauta del Estado.

“Es como que yo trabaje como abogado del Estado y al mismo tiempo litigue contra el Estado”, indicó el letrado y diferenció el caso de Battista de los casos de Roberto Navarro y Fernando Niembro, que no son funcionarios.

Gil Domínguez aseguró que si se comprueba que Battista es funcionario público y violó la ley, puede ser juzgado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito penal.