El titular de la CGT oficialista y de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, fue imputado por la Justicia en una causa por presunto lavado de dinero, donde también se pidió que se inhiban sus bienes mientras continúe el proceso.

La decisión fue tomada por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales, que también imputó a varios integrantes del Secretariado Nacional de la UOM desde 1987 hasta 2008 y hasta los hijos del fallecido jefe de ese sindicato, Lorenzo Miguel. Todos por el delito de lavado de dinero.

La representante del Ministerio Público requirió ante el juez en lo penal económico Pablo Lladarola que se inicie una investigación penal porque los imputados habrían cobrado 20 mil dólares mensuales de 1987 a 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.

Se trata de una causa en la que ya fue condenado a un año y nueve meses de prisión Segundo Pantaleón Córdoba, un ex jefe del área jurídica de la UOM, por intentar sacar del país 800 mil dólares escondidos en su auto BMW, en agosto de 2011.

El caso salió a la luz en 2013, cuando el periodista Diego Genoud reveló en La Nación que en su defensa, el abogado de la UOM reveló que él y otras 13 autoridades del gremio -incluido Caló- se habían repartido en los últimos 20 años unos 280.000 dólares por mes que llegaban en "prolijos sobres marrones". Ese dinero provenía del 20% de la recaudación que los afiliados metalúrgicos le pagan al Instituto de Seguros SA en concepto de seguros de vida y sepelio.

Córdoba declaró que desde 1987 hasta diciembre de 2008, cuando se fue del gremio, el Instituto de Seguros -del fallecido Julio Raele, el empresario de mayor confianza de Lorenzo Miguel- le pagó mensualmente a él y a la cúpula de la UOM unos 20 mil dólares a cada uno.

En la condena a Córdoba los jueces dieron por acreditado que las autoridades de la UOM se dedicaron a "defraudar en forma sistemática durante años a los afiliados" y constataron un entramado de sociedades en Estados Unidos y Panamá que se combina con la existencia de cuentas bancarias en Uruguay, en las que Córdoba tenía al menos 3,5 millones de dólares.

Además, los jueces del tribunal oral en lo penal y económico sostuvieron que "las autoridades de la UOM continuaron recibiendo aparentemente tales retribuciones en el período 2009-2014".

La denuncia de Córdoba fue ratificada en su momento por otros tres históricos de la UOM: Roberto Echenique, contador del sindicato durante 18 años; Ricardo Weisz, abogado que trabajó 15 años entre 1982 y 2010 y Hugo Mariano Rodríguez, otro abogado que después de revistar durante décadas en el gremio se convirtió en socio de Córdoba en sus emprendimientos privados.