Es uno de los sindicalistas más identificados con el modelo K y acompañó a la presidenta Cristina Kirchner en casi todos los viajes que realizó a la Santa Sede para reunirse con el Papa Francisco. Pero ahora esos antecedentes no le sirven para poder frenar las denuncias en la justicia federal.

El titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Enrique Omar “Caballo” Suárez, sigue sumando complicaciones judiciales que ponen sobre el tapete los negocios privados que habría desarrollado durante el kirchnerismo bajo el paraguas del gremio.

Suárez cayó en desgracia a fines de 2014 cuando el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, lo procesó por entorpecer la navegación de buques en el puerto y le trabó un embargo por 5 millones de pesos.

Ahora Suárez se topó con otra ingrata novedad. Tras haberla tenido “dormida” durante casi nueve meses, la jueza federal, María Romilda Servini de Cubría le transfirió la semana pasada a su colega Canicoba Corral una denuncia contra el timonel del SOMU por el delito de “hurto” de bienes que eran propiedad del Estado Nacional.

El expediente -que fue girado por “razones de conexidad”- se había iniciado por una presentación efectuada por el ex secretario de Medio Ambiente del SOMU, Alejandro Giorgi, para que se investigue el destino de los elementos y equipos estatales que Suárez se llevó sin ninguna autorización oficial de la Isla Demarchi, sede del frustrado proyecto de Cristina Kirchner para construir un polo audiovisual de nivel internacional.

Según la denuncia de Giorgi -que ahora tiene en sus manos el fiscal federal Gerardo Pollicita-, Suárez sustrajo del destacamento capitalino de Vías Navegables “flotadores, cascos, tablas, boyas y cables de acero que fueron transportados a un emprendimiento privado de la provincia de Corrientes”.

La jueza María Servini de Cubría activó la investigación contra Suárez al desempolvar la denuncia.

DyN

Más allá de los elementos que fueron retirados, en este caso—que puso al descubierto el programa PPT de Jorge Lanata—volvieron a aparecer en el escenario dos empresas que Suárez les decía a sus afiliados que eran del gremio pero que en realidad son firmas privadas controladas por sus parientes y allegados.

Las empresas

Una de ellas es San Jorge Marítima SA, la encargada de transportar los elementos desde la Isla Demarchi hasta Corrientes. Esta firma—que también está involucrada en las denuncias por sobreprecios y defraudación por las compras de GNL efectuadas por la estatal ENARSA—tiene como presidente a Juan Manuel Medina, el tesorero del SOMU y a Suárez como vice, ambos en forma particular y no como representantes o apoderados del gremio.

La otra firma involucrada es Puerto Belinda que explota un emprendimiento hotelero en Monte Caseros que habría construido parte de sus instalaciones con los materiales extraídos de la Isla Demarchi. Esta empresa pertenece a la agencia de turismo Elite Viajes SA que tiene como presidenta a la hija de Juan Manuel Medina y al propio Suárez como director.

La causa principal que lleva adelante Canicoba Corral se había iniciado por denuncias presentadas por empresas remolcadoras y navieras que sufrieron bloqueos y medidas de fuerza del SOMU por no “contribuir” con los aportes económicos que Suárez les exigía para supuestos cursos de capacitación a sus afiliados.

La denuncia apunta a un hotel de Monte Caseros que es propiedad de la firma Puerto Belinda, que habría sido construido en parte con los elementos robados de la Isla Demarchi.

A esa denuncia se sumaron las planteadas por dirigentes opositores que pusieron bajo la lupa en el destino de los fondos de la Fundación Azul del SOMU y los negocios que Suárez ha venido desarrollando con una red de empresas que manejan sus familiares y hombres de confianza.

Las empresas que están en la mira —y que el disidente Giorgi prevé poner nuevamente en el candelero la próxima semana cuando vaya a declarar al juzgado de Canicoba Corral—son: Aerospace Cargo SA, Naves Marinas Argentinas SA, Pescamarine SA, Latitudes Azules SA, Doña Antonia Agropecuaria, Puerto Gastronómico, Patagonia Rural, Mercantes SA, Maruba, Abadía del Mar y Marítima Maruba.

Junto con Suárez, en los directorios de estas firmas privadas aparecen su esposa Andrea Susana Belleza, su sobrino Jorge Antonio Suárez y sus incondicionales del gremio Juan Manuel Medina, Alfredo Barrientos, Julio César Barrera, Carlos Luis Korol y Marcelo Muller.

Por el lado de la Fundación Azul, también surgieron nuevos datos de cobros irregulares que involucran a la agencia marítima AMI y a las petroleras Total, Panamerican Energy (PAE) y Wintershall Energía.

Estas petroleras integran el consorcio CMA-1 que explota el yacimiento marino Vega Pléyade en aguas de Tierra del Fuego. A principios del año pasado, el consorcio trajo al país la plataforma de perforación petrolera Houston Colbert. En ese momento –según las palabras de Giorgi—el “Caballo” negoció con las empresas que suban sólo 6 de los 13 operarios del SOMU de la tripulación local reglamentaria. A cambio, la Fundación Azul pasó a recibir un aporte mensual de $ 650.000 para “capacitar” a sus afiliados.