El presidente de YPF, Miguel Galuccio, y el interventor del Enargas, Antonio Pronsato, fueron denunciados hoy en la Justicia por presuntos sobreprecios de 900 millones de dólares anuales en las importaciones de gas natural concretadas a través del puerto de Bahía Blanca.

La denuncia, hecha por la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), pidió que se investigue si se perpetraron los delitos de "estafa", "malversación de caudales", "defraudación a la administración" y "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público".

"Argentina importa 90 barcos de gas al año", una mitad en el puerto de Escobar y la otra por Bahía Blanca, pero en el primero paga "20 millones de dólares" y en el otro "40 millones de dólares", con lo cual "la diferencia es de 900 millones de dólares por año", dijo Fernando Blanco Muiño, titular de UCA.

El directivo contó a la agencia DyN que en Escobar "se pagan 6 dólares por millón de BTU" contra "13 dólares por millón de BTU en el puerto de Bahía Blanca" y aseguró que "esa diferencia se traslada al costo del gas importado que los consumidores paganos en la facturación".

"El Estado no tiene suficientes dólares y sin embargo derrocha millones en las importaciones de gas", puntualizó Blanco Muiño y aseguró que "en la Unión de Consumidores pretendemos que se renegocien los contratos para que el país y los usuarios paguemos lo que corresponde".

La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, en tanto que su colega Claudio Bonadio tramite desde el año pasado una causa que podría estar vinculada pues investiga si hubo "dádivas" o "sobornos" en la importaciones de gas.

Incluso el 17 de julio pasado, por orden de Bonadio, se realizaron varios procedimientos judiciales en las sedes del Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido; de YPF; y de ENARSA en busca de documentos e información.

Los operativos fueron realizados en una causa que se inició por una denuncia de los diputados nacionales del PRO, a instancias de dichos públicos de Roberto Dromi, quien fue ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem y uno de los arquitectos de las privatizaciones de las empresas estatales en los '90.

En la causa que lleva Bonadio se investigan presuntas irregularidades y pagos de sobornos y dádivas en la compra de gas licuado por parte de YPF con la intervención de ENARSA y personal del Ministerio de Planificación.

YPF, en aquella oportunidad, sostuvo a través de un comunicado que Bonadio sólo le requirió documentación sobre compras de Gas Natural Licuado (GNL) por parte de ENARSA desde 2008 a la fecha e indicó que "pondrá a disposición" del magistrado la información solicitada.

La empresa sostuvo que "hasta la fecha la compañía no tuvo intervención previa en la causa ni tiene conocimiento de lo que se investiga en ella".

Sobre las compras de barcos cargados con GNL, YPF señaló que "brindó a partir de noviembre de 2012 asesoramiento y contribuyó a la gestión de los procedimientos de compras de GNL que lleva adelante ENARSA, cumpliendo estrictamente con las normas jurídicas aplicables".

Agregó que "YPF trabajó, por cuenta y orden de ENARSA, para establecer un proceso de selección de los oferentes totalmente transparente con el objetivo de generar competencia y lograr seleccionar a los mejores proveedores con los precios más competitivos de mercado".