Los integrantes de la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), José Cano y Domingo Amaya, solicitaron la nulidad de los comicios del 23 de agosto pasado, tras argumentar que hubo "irregularidades".

Finalmente, Cano y Amaya plantearon este mediodía una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo local en el que se reclama que se disponga la convocatoria a nuevas elecciones provinciales para "impedir que se avance con un proceso fraudulento e irregular".

Según argumentaron, hubo diferentes "prácticas irregulares" cometidas durante el proceso electoral y el día de la votación. Además, adelantó que podría llevar el caso ante la Corte Suprema si no tienen respuesta positiva.

"(El gobernador José) Alperovich degradó las instituciones de Tucumán", aseguró Cano tras salir de la sede de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo, ubicada en 24 de septiembre al 600.

Según consignó la Gaceta de Tucumán, el radical agregó que "esta no es la primera vez que denunciamos; venimos desde hace tiempo, porque lo que buscamos es transparencia". 

Ese medio indicó que Cano y Amaya aportaron como pruebas los números propios del escrutinio y también el testimonio de dos empleados de la Junta Electoral Provincial, que declararon ante escribano público que funcionarios de ese organismo repararon urnas que habían sido violentadas.

Por otro lado, dejaron en Tribunales registros fotográficos, testimoniales y en video de las irregularidades del día de la elección. Entre las pruebas solicitadas, los apoderados del Acuerdo del Bicentenario pidieron que sea citado a declarar el fiscal federal, Gustavo Gómez; y el secretario del Juzgado Electoral Federal, Rogelio Rodríguez del Busto.

Según explicaron, se insiste con las irregularidades en la carga de datos del escrutinio provisorio por parte del Correo Argentino; en la designación de empleados de la Junta Electoral y de las autoridades de mesa; y en la cadena de custodia de las urnas.

La demanda del ApB sostiene que los comicios en Tucumán violentaron la Constitución Nacional y los pactos internacionales a los que está adherido el país, en especial aquellos que llaman a preservar elecciones libres y auténticas como derecho humano fundamental.