Ciudad
Salpica a Cabrera el procesamiento de ex funcionarios por el derrumbe del boliche Beara
Son Martín Farrell junto a tres ex AGC. También procesaron a siete policías federales.

El ex jefe de Habilitaciones de la Ciudad, Martín Farrell, fue procesado por la jueza Alicia Iermini por el mortal derrumbe del boliche Beara, en el que en 2010 murieron dos jóvenes mujeres. Junto a Farrell fueron procesados otros tres ex funcionarios porteños y siete policías federales.

Farrell era por entonces director de habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que dirigía Javier Ibáñez, hombre del ministro de Desarrollo Económico Francisco “Pancho” Cabrera, envuelto también en el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza.

La AGC fue creada a fines de 2007 para articular el trabajo de los inspectores de la Ciudad luego de la tragedia de Cromañón, que provocó 194 muertos y la salida de Aníbal Ibarra.

De la mano de Cabrera, Ibáñez reemplazó a Raúl Oscar Ríos al frente de la AGC luego de que éste fuera expulsado por el derrumbe de Villa Urquiza, ocurrido el 9 de agosto de 2010 con un saldo de tres muertos.

Pero a las tres semanas de trabajo, Ibáñez debió enfrentar su propia tragedia: el derrumbe del entrepiso del club nocturno de Palermo el 10 de septiembre de 2010 que mató a Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y a Paula Leticia Provedo, de 20.

Ibáñez, sin embargo, con apoyo político esquivó su renuncia y se mantuvo en el cargo hasta fines de 2012, convirtiéndose hasta ese momento en el funcionario que más tiempo transitaba en esa turbulenta agencia de la Ciudad.

El que sí fue eyectado de su cargo fue Farrell, en noviembre de 2010, un mes después del derrumbe, imputado en la causa de Beara y esta semana procesado por la Justicia.

La decisión de la jueza alcanza también a Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales; Isaac Rasdolsky, también encargado de verificaciones y habilitaciones, y Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control.

La magistrada sostuvo en su fallo que "el local en cuestión no fue controlado correctamente ni antes ni después de ser habilitado" y que, "en consecuencia, tanto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos como la Dirección de Fiscalización y Control fueron eslabones que no sacaron a la luz las irregularidades que poseía Beara y que concluyeron con el fatal suceso investigado", según indicaron fuentes judiciales.

Luego de ser expulsado del gobierno de Macri, Farrell presionó fuerte en la cúpula del PRO para convertirse en juez.

En 2014 un sector del PRO impulsó su pliego, luego de que quedara primero en la lista de espera para ocupar un juzgado de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Sin embargo, el propio Macri optó por sacrificar al ex funcionario de la AGC y ordenó a sus legisladores que no votaran el pliego, que finalmente obtuvo en el recinto 59 votos negativos y ninguno positivo.

A fines de 2012, Macri finalmente corrió a Ibáñez de la AGC y puso a Juan José Gómez Centurión, un ex militar y combatiente de Malvinas que llegó de la mano de Horacio Rodríguez Larreta.

A mediados de 2014, Centurión logró desplazar al jefe de Habilitaciones que había reemplazado a Farrell, Manuel Alberto Sandberg Haedo, del riñón de Cristian Ritondo. Sandberg Haedo estaba en el cargo desde diciembre de 2010.

Cabrera conducía a través de Ibáñez la AGC, además de tener a su cargo la subsecretaría de Trabajo, ocupada por entonces por Miguel Ángel de Virgilis, en cuya Dirección de Protección del Trabajo se reciben las denuncias de irregularidades en las obras en construcción.

Esa Dirección, a cargo por entonces de Ángel Rodríguez, estuvo en el ojo de la tormenta por el derrumbe del gimnasio Orion Gym, de Villa Urquiza, cuestionada en la oposición por "cajonear" la denuncia proveniente de la Uocra.

El gremio de la construcción ya había denunciado en dos ocasiones a la obra lindera al edificio de Bartolomé Mitre 1232 por "múltiples incumplimientos" en las medidas de seguridad.

De acuerdo con la acción de Lermini, los ex funcionarios y policías fueron procesados por homicidio culposo y cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Justicia además les trabó embargos por tres millones de pesos.

Se trata de los comisarios y subcomisarios de la seccional 25 Rodolfo Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Gustavo Fabián Lombardo, Osvaldo Bachmann, Guillermo Erdman, Gustavo Lombardo y Julio Alfredo González.

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