El gobierno nacional intentará sacarle rédito político a la causa por lavado de dinero contra el entorno del fallecido fiscal Alberto Nisman, a quien en el kirchnerismo buscan salpicar por el desmanejo de los fondos de la UFI-AMIA, a la que la Casa Rosada alimentó con enormes sumas.

En la justicia federal aseguran que para lograr ese rédito el gobierno intentará posicionar el tema en la agenda pública de cara al último tramo de la campaña, en una operación que no tendría otro fin que ensuciar la figura del fallecido fiscal y, por ende, afectar a los dirigentes de la oposición que lo defendieron públicamente.

La investigación por el presunto lavado está a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni y el juez Rodolfo Canicoba Corral. La semana pasada, el primero solicitó el llamado a declaración indagatoria de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra Nisman. El magistrado hizo lugar al pedido con una rapidez sorprendente y las fechas para las indagatorias están previstas entre el 8 y 15 de septiembre.

La línea que bajó el Gobierno a Zoni y Canicoba Corral habría sido agilizar la causa y dar señales claras de responsabilidad para poder evidenciar los supuestos delitos antes de las elecciones de octubre.

También serán indagados el informático Diego Lagomarsino, el empleado que le dio a Nisman el arma con la que fue encontrado muerto, y Claudio Picón, un empresario ligado a varios de los negocios que se le adjudican al fiscal del caso AMIA.

Los cuatro están acusados de haber lavado dinero proveniente de presuntas "actividades delictivas" de Alberto Nisman. El fiscal Zon sostuvo que Nisman habría comprado bienes con dinero proveniente de negocios ilegales y los había puesto a nombre de su entorno con el fin de esconder que el verdadero dueño era él.

Sara Garfunkel, la madre de Nisman

DyN

A Lagomarsino podría sumársele el presunto delito de enriquecimiento ilícito por haber sido funcionario de la UFI AMIA, en el marco de lo establecido por la Convención Internacional anticorrupción y los fallos de la Corte Interamericana de derechos humanos.

Desde el expediente criminal que investiga las razones del fallecimiento de Nisman se abrió la causa federal que investiga una supuesta ruta de dinero “ilegal” que habría sido trasladado a cuentas en el exterior con la finalidad de evadir el circuito nacional.

La persona encargada de brindar la información de las cuentas en el exterior fue la ex mujer de Nisman y madre de sus dos hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, lo que generó un enfrentamiento familiar “irreconciliable” con la madre y la hermana del fiscal.

Las cuentas

La mayor parte del dinero investigado se encuentra en cuentas del Banco Merrill Lynch de New York, proveniente del presupuesto especial y excesivo que manejaba Nisman en la UFI AMIA.

La Justicia comprobó con documentos y pruebas que el saldo en la cuenta de Nisman en el Merryl Lynch sería de algo más que de 600.000 dólares, cifra que no podría justificarse con los ingresos del salario del fiscal Nisman ni la única declaración jurada que presentó ante la Procuración.

La fiscal Viviana Fein solicitó a través de exhortos, informes oficiales de los bancos sobre el saldo total y los movimientos de fondos que habría realizado Nisman.

Entre las pruebas obrantes en la causa también se detectó un cheque de 200.000 dólares librados desde una cuenta en el Bank of América de Miami y que se habrían depositado en la cuenta secreta de Nisman en el banco Merrill Lynch de Nueva York.

El dueño de la cuenta desde la cual se emitió el cheque es Claudio Alejandro Picón, titular de la camioneta Audi que manejaba Nisman. Según el empresario, el fiscal tenía su vehículo porque eran amigos y se lo había prestado. La camioneta quedó en el estacionamiento de Le Parc desde la noche en que Nisman fue encontrado muerto.

El empresario Picón mantendría vínculos con empresas norteamericanas de seguridad, que serían contratistas de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

Además, en la cuenta de Nisman se detectó un depósito de 150.000 dólares realizado por Damián Carlos Stefanini, el misterioso empresario que desapareció el 17 de octubre de 2014, y del que todavía no hay noticias.

Si bien nadie conoce cuál sería el vínculo entre Stefanini y Nisman, fuentes judiciales dejaron trascender que podrían mantener negocios conjuntos para blanquear dinero a través de negocios y financieras.

Además, fuentes del gobierno nacional aseguraron que Stefanini no sería el único financista involucrado en esta causa y se investigan pistas de otras financieras presuntamente relacionadas también al ex Jefe de la Side, Jaime Stiuso.

De hecho el viernes pasado, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, denunció una suerte de “sintonía fina entre el ex espía, la embajada de Estados Unidos, algunos jueces federales y el diario La Nación para evitar que Stiuso sea convocado al país”.

“Llama la atención que Stiuso no venga a la Argentina, ni sea citado a comparecer por la fuerza pública en ninguna de las seis causa penales que lo involucran”.

Causa quieta

Mientras tanto, la investigación sobre la muerte del fiscal parece seguir congelada. Como adelantó LPO, la fiscal Fein decidió extender hasta el lunes próximo la licencia que mantiene a raíz del fallecimiento de su madre. La funcionaria judicial seguirá siendo reemplazada por su colega Mariana García.

En tanto, la Cámara Federal del Crimen decidiría el próximo martes la continuidad o no de Fein a cargo de la causa por la muerte de Nisman o si será delegada a la jueza Fabiana Palmaghini, a quien la querella quiere al frente de la investigación.

Los jueces Marcelo Lucini, Mario Filozof y Luis Bunge Campos escucharon los argumentos de la querella, a los que se sumó el fiscal general Ricardo Sáenz, uno de los organizadores de la marcha del 18 de febrero pasado, quien hasta ahora venía sosteniendo que la causa debía quedar en manos de Fein. Sin embargo, el viernes pasado, en un dictamen de 16 páginas, se inclinó para que sea Palmaghini la que continúe con la causa.

Para Lucini y Filozof, la causa debe seguir a cargo de Fein, mientras que Bunge Campos se inclina por Palmaghini.

En tanto allegados a Fein explican que en un mes y medio la fiscal finalizará la investigación y si contara con todas las pruebas y conclusiones periciales, estaría en condiciones de emitir su dictamen final como ya lo había planeado.

A partir de allí, Palmaghini tendría intervención directa y podría cuestionar las pruebas e impulsar otras e incluso dar un veredicto distinto al de Fein que por ahora se inclinaría por el “suicidio inducido”.

No obstante, LPO reveló que la fiscal analiza también la posibilidad de abandonar la causa.