De a poco, a cuenta gotas, día a día, el gobierno de Paco Pérez va poblando el Estado mendocinos con funcionarios que pasan a planta, con amigos que se aseguran una categoría 13 o 14, con partidarios que es mejor dejar dentro de la estructura de la administración pública.

La movida, que enfurece a los radicales, quienes en diciembre se harán cargo de una provincia con gravísimos problemas financieros, fue acordada en marzo pasado cuando se cerraron las paritarias con los gremios más influyentes y combativos, como ATE y Ampros. Fue parte de las negociaciones, hacer ingresar una cantidad no confirmada de empleados a la planta permanente del Estado por parte de Pérez, si los sindicatos hacían la vista gorda a los nombramientos de los amigos del actual gobernador.

El pacto de ha respectado a tal punto que es raro encontrar un día sin nuevos nombramientos en el Boletín Oficial de la Provincia.

Incluso los nombramientos han llamado la atención de la Fiscalía de Delitos Complejos. Uno de los magistrados a cargo, Santiago Garay, ha solicitado información al Ejecutivo por la sospecha de que los nombramientos se estén haciendo con número de decreto “guardados”, con fechas anteriores al 30 de junio, plazo que establece la ley provincial de Responsabilidad Financiera para hacer nombramientos. El espíritu de la norma justamente busca que no haya una avalancha de nombramientos por parte de un gobierno en retirada.

Pero además, el mismo Paco Pérez quiso autocontrolarse al principio de su gestión, cuando por decreto “congeló” los pases a planta, lo que se pensó como una medida de “responsabilidad política”. No obstante, el decreto en cuestión incluía excepciones, que son, justamente, las que se invocan en cada uno de los nombramientos de los últimos días.

Por lo pronto, se han producido nombramientos en todas las reparticiones, tanto en el Ejecutivo como en el Instituto de Juegos y Casinos, el Instituto Provincial de la Vivienda y en el Tribunal de Cuentas, que suman más de 100. En todos los casos, se trata de funcionarios o personal cercano a los ministros y secretarios de Estado.

Uno de los casos más llamativo es el de la hermana del ministro de Gobierno de la provincia, Rodolfo Lafalla. Hace unos días, el portal Mdz reveló que María del Rosario Lafalla había sido nombrada como personal de planta.

Este panorama ha preocupado especialmente a Alfredo Cornejo, gobernador electo, quien teme que la cantidad de empleados estatales con la que se encuentre el 10 de diciembre sea inmanejable.

Tanto el mandatario electo como el radicalismo en general, vienen denunciando desde hace meses el “descalabro” de las cuentas públicas, “agravado por el festival de nombramientos”, según detallan los alfiles radicales. Incluso se llegó a analizar la posibilidad de, apenas asumidos, impulsar una ley que disponga la revisión de los pases a planta de todo el 2015. No obstante, esta posibilidad fue rechazada con vehemencia por los gremios más combativos, como ATE y Ampros, que ya advirtieron que “no permitirán la persecución sindical con la excusa del ordenamiento de las finanzas”.

Con todo, el panorama es sumamente complejo si se tiene en cuenta que, según los cálculos radicales, la Provincia tendrá a fin de este año, un rojo de 6.000 millones de pesos, el cual ya intenta financiar Alfredo Cornejo con Axel Kicillof y tendiendo puentes con el sciolismo.