Aunque el Gobierno está centrado en demoler las pruebas de la causa Hotesur ahora a cargo del juez federal Daniel Rafecas, también enfocó la mira en la investigación a cargo del camporista juez Sebastián Casanello, que debería investigar a Lázaro Baéz por lavado de activos.

Si bien se trata de dos causas paralelas, Hotesur es el punto de contacto entre ambas y la mayor preocupación de Cristina Kirchner. De hecho, Carlos Zannini, principal operador de la Presidenta en la justicia, ya sabe que hay vínculos en la documentación, los investigados y las operaciones que se investigan en ambas causas, que pondrían en evidencia el “engranaje delictual para blanqueo de capitales” entre los mismos actores y cómplices, según revelaron a LPO fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py.

Muy preocupado, Zannini le habría ordenado a Casanello que “emprolije” la documentación todo lo que pueda y por esto el juez solicitó días atrás al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema que agilice la entrega de la pericia que le encargó y les exigió “fecha de entrega cierta”.

El candidato a vicepresidente del kirchnerismo tiene una herramienta fundamental para presionar a Casanello: Su eventual ascenso a integrante de la Cámara Federal, materia en la que el gobierno todavía no se pronunció.

El juez federal Sebastián Casanello.

Infojus

La causa a cargo de Casanello fue la primera en ponerse en marcha en la justicia federal por lo que es la vertiente de donde surge toda la causa Hotesur, vinculada a las empresas de Lázaro Báez,

De hecho, en la investigación de este joven juez federal que fue nombrado por Cristina a instancias de La Cámpora, también aparecerían comprometidos Máximo Kirchner y su socio Osvaldo Sanfelice, el eslabón más débil de la compleja red de negocios con el Estado de los Kirchner.

Por eso, desde hace tiempo, Bonadio analizaba solicitar a Casanello la remisión de este expediente para anexarlo a su investigación. Consideraba que ambas causas compartían objeto procesal, actores y tipos delictivos.

Además, el engranaje de contadores, empresas y sociedades que habrían sentado domicilio en la capital federal estarían vinculadas a la “ingenieria financiera” de las del sur, también para el blanqueo de capitales, detallan fuentes judiciales.

Testaferros y sociedades

Casanello tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero de Lázaro Báez que incluye a la firma Valle Mitre S.A, que se hizo cargo en su momento de la administración de los hoteles de los Kirchner. Los hoteles de la familia presidencial, con los cuales justifican parte de su aumento patrimonial, son Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea del Chalten y Los Sauces.

Los tres primeros eran administrados por Valle Mitre SA y ahora por Idea SA. Valle Mitre SA abonó por el alquiler del Hotel Alto Calafate durante 2010 y 2011 algo más de $ 10 millones a la empresa Hotesur SA, propiedad de la Presidenta y su hijo Máximo, entre otros socios.

También Valle Mitre pagó más de $ 3 millones durante los mismos periodos por el alquiler de Las Dunas y se hizo cargo de la administración de la Aldea del Chalten, esta vez pagando el alquiler de poco más de un millón a Los Sauces S.A, firma mediante la cual los Kirchner controlan ese lujoso hotel boutique.

Valle Mitre, es la firma de Lázaro Báez que está en el centro de los negocios opacos que lo vinculan con los hoteles de la familia Kirchner.

En paralelo, Lázaro Báez a través de diferentes empresas de su grupo económico, alquiló cientos de habitaciones por mes, durante años, en el Hotel Alto Calafate, a través de la firma de convenios confidenciales y retroactivos con Valle Mitre SA. Esos cuartos no fueron ocupados, pese al costo millonario que representó para las empresas de Báez. Por otra parte, durante los años 2010 y 2011 cerca del 90% de las facturas emitidas de manera correlativa por Valle Mitre fueron destinadas a las empresas de Báez y en particular, a Austral Construcciones.

Este entramado sugiere el delito de lavado de dinero, maniobra que suele apelar a la supuesta contratación de cuartos de hotel, muy difícil de verificar.

Para los expertos en lavado de activos que consultó LPO, tanto Valle Mitre SA como Idea SA actuaron como sociedades de fachada. Esto es una entidad que está legalmente constituida y participa en una actividad comercial legítima, para ocultar maniobras ilegales.

“La sociedad de fachada puede ser una empresa legítima que mezcla los fondos ilícitos con sus propias rentas. Puede ser también una entidad que actúa como testaferro, formada expresamente para la operación del lavado de dinero”, explicaron las fuentes consultadas.

La presunción es que los Kirchner crearon una red de sociedades “fachada” en la que se entrecruzan negocios con presuntos testaferros como Lázaro Báez, que a la vez que “contrataba” cuartos en los hoteles de la familia presidencial, recibía miles de millones de fondos públicos para sus empresas constructoras.

Estas sociedades fachada, también permitían a los Kirchner evitar incompatibilidades que podían surgir en el caso de la contratación de cuartos por parte de la estatal Aerolíneas Argentinas en el hotel Alto Calafate.