La Corte Suprema realizó hoy una audiencia pública histórica ante la puja que las fuerzas de seguridad impulsan para lograr la sindicalización de sus trabajadores, derechos limitados hasta la fecha por el Ministerio de Trabajo y la Cámara Laboral.

A partir de la negativa estatal y judicial, el grupo denominado SIPOBA, Sindicato Policial Buenos Aires, elevó su reclamo a la máxima instancia judicial del país donde solicitó el reconocimiento a su derecho a la sindicalización a través de una ley específica.

Ricardo Lorenzetti, presidente del cuerpo, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda escucharon los argumentos a favor y en contra del pedido de las agrupaciones policiales, sin dejar de considerar la problemática que huelgas de fuerzas de seguridad podrían generar en la sociedad. Los magistrados aludieron a la responsabilidad que le compete al Poder Legislativo en la cuestión, quizás el mayor escollo a superar, según los propios representantes de los policías.

Ante una sala repleta de público José Alberto Lugones, abogado de la organización SIPOBA, defendió las razones por las que los trabajadores de las fuerzas policiales y de seguridad tendrían el derecho a agruparse y constituir asociaciones laborales.

Para Lugones, el Ministerio de Trabajo se equivocó al rechazar la petición gremial, aduciendo que se necesita una legislación que regule la cuestión. En cambio, se respaldó en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la “organización sindical”. Al no tener garantizado estos derechos a la asociación gremial, “el policía está en la misma situación que el obrero en el Siglo XIX”, sentenció el abogado.

Norberto Ciaravino, letrado del Ministerio de Trabajo, intentó respaldar el rechazo de la petición en la falta de normativa vigente sobre la cuestión, lo cual impediría que sean “legitimadas” las agrupaciones policiales como sindicatos ante el estado.

La audiencia tuvo momentos de tensión, cuando las personas que movilizó SIPOBA aplaudían las referencias a la defensa de los derechos y garantías de los policías como parte de su condición humana y de trabajador.

Los ministros cuestionaron a través de preguntas aunque el momento más tenso se vivenció cuando Lorenzetti le preguntó a Ciaravino directamente porqué la cartera laboral no había analizado impulsar una ley que de una solución a este largo conflicto, que en diciembre del 2012, estalló con los alzamientos policiales.

Si bien no lo dejaron en claro en la audiencia, fuentes judiciales confirmaron a LPO que los ministros de la Corte se inclinan por avalar la sindicalización policial, siempre que salga a través de una ley del Congreso, que incluya las regulaciones particulares en caso de huelgas, paros o reclamos laborales.

La apertura de la audiencia estuvo a cargo de los amicus curiae, entre ellos el diputado massista Facundo Moyano, que respaldaron el derecho a agruparse sindicalmente de los policías.

La audiencia es parte de la tramitación del expediente caratulado "Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales", aunque los tiempos de la sentencia no están especificados. El pedido de sindicalización se realizó originalmente en 1998 y fue rechazado en el 2002 por el Ministerio de Trabajo. En el 2010, la Cámara del Trabajó desestimó la demanda como también lo hizo la procuradora General, Alejandra Gils Carbó y el tema aterrizó en la Corte Suprema.