Cristina Kirchner lo imaginó como una de las piedras fundamentales de su “legado” que contribuyera a abonar su autoproclamada pulsión “napoleónica”, de redactora de grandes leyes que reconfiguran la sociedad.

Pero lejos de esos fastos, el nuevo Código Civil promete un arranque al menos complicado. La ley entró en vigencia el pasado sábado 1 de agosto y ya enfrenta la amenaza de una serie de presentaciones por “exceso de jurisdicción" que la norma otorgaría a los jueces, según entienden organizaciones no gubernamentales y de abogados de todo el país.

La pelea podría escalar incluso a la Corte Suprema, según explicaron a LPO especialistas en la materia. Es que ante una Corte Suprema con cuatro ministros de cinco que exige la ley, en los juicios comerciales y civiles que lleguen a ese tribunal, los afectados podrían plantear la recusación de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, porque ambos juristas participaron de la redacción del nuevo texto legal, “arrojándose facultades legislativas”.

No es la única objeción técnica –ajena a cuestiones políticas- que podría enfrentar la norma y que repercutiría de manera directa sobre la Corte Suprema.

Si se recusaran a los ministros, o éstos se excusaran, deberían llamarse a sorteo entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, para que intervengan en cada causa en la que se genere este tipo de conflictos. Los más críticos estiman que esta situación habilitaría la “judicialización del Código Civil”.

Puntos sensibles

La exclusión de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, así como las nuevas disposiciones sobre las deudas en moneda extranjera, o el derecho al agua, son otros de los aspectos sensibles del nuevo Código que prometen conflictos judiciales.

Lo mismo que los lineamientos sobre el derecho a la vida y los parámetros de la fertilización asistida.

Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal y presidente de la Organización de abogados Gente de Derecho, ya solicitó a través de una carta al ministro de Justicia, Julio Alak, la suspensión de la puesta en marcha del nuevo Códido y no descarta reclamarlo directamente en sede judicial.

En su carta al ministro, Rizzo le pide que le transmita a la Presidenta que reconsidere la entrada en vigencia de la norma, ya que “se trata de un código elaborado por jueces el que les deja una gran discrecionalidad, afectando la seguridad jurídica de todos los habitantes de la Nación”.

Y anticipa que la norma “crea una suerte de tiranía de los magistrados en el marco del Derecho Privado” y subraya “el hecho de que dos ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación han intervenido en su redacción, afectando la división de poderes que es el mayor valor de una República, toda vez que el que debe velar por su constitucionalidad, es el mismo que lo elaboró, arrogándose funciones propias del Poder Legislativo, lo que lleva a colegir la dificultad de que dicho órgano no conceda la vía recursiva, sin perjuicio claro está, que los abogados los recusen, lo que seguramente ocurrirá, pero que no es lo esperable de un cuerpo normativo pensado para trascender en el tiempo”.

En su carta al ministro de Justicia, Rizzo cita además un trabajo del doctor Julio César Rivera, que afirma que “el modo en que se pretende poner en vigencia el Código Civil y Comercial revela una gran irresponsabilidad”, dado que se realiza “sin adecuación del resto de la legislación ni de los Códigos Procesales y sin reglas de aplicación de la ley en el tiempo”, subrayando “que la solución deferida a los jueces para que ellos resuelvan caso por caso afecta la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y aumenta la litigiosidad”.

Señala además el especialista, que la norma prevé la intervención de un “equipo interdisciplinario” ante estos casos, pero lamentablemente dichos equipos “no han sido creados”.