Cristina Kirchner nunca promulgó la ley que determina el pago de una indemnización a los ex empleados de YPF, echados cuando la empresa fue vendida a Repsol.

La ley fue un triunfo de los ex ypfianos y sus heredaros, también reconocidos en la norma, y fue sancionada tras curiosas idas y vueltas en los bloques oficialistas.

Tras años de cajoneo Diputados la aprobó en noviembre por impulso del santacruceño Mario Metaza y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti.

La conducción del bloque oficialista la dejó correr, pero sin embargo en el Senado nunca recibieron la orden de hacer lo propio. Lo dejó explícito Aníbal Fernández, cuando todavía era legislador y reconoció que el tema los había tomado de improvisto.

Este año las órdenes llegaron y el Senado lo aprobó con algunos cambios para que Diputados lo sancione el 29 de abril, con los ex ypfianos en las tribunas.

Las 36 mil familias damnificadas cobrarán la deuda por el programa de propiedad participada, como se llamó al reparto de acciones prometido por el Estado pero nunca cumplido.

La ley les adjudica al menos 956 acciones a 311 pesos cada una, unos 300 mil pesos. Pero la fecha de pago es incierta porque Cristina nunca reglamentó la ley.

El senador neuquino Guillermo Pereyra, jefe del sindicato petrolero de su provincia, presentó un pedido de informes para saber la razón de la demora. “Los plazos no han vencido pero no debe transcurrir más tiempo”, exigió Pereyra.

El temor de los beneficiarios es que la presidenta prefiera no complicar al próximo presidente y deje el proyecto cajoneado.

Es que la ley abre la puerta a reclamos de ex empleados de otras privatizadas, una escalada que Cristina siempre quiso evitar.

En el Congreso aseguran que fue por ese miedo que frenó por años la indemnización a los ypfinaos y que la sanción llegó simplemente porque no sería ella quien deberá pagarla. Pero si nunca la promulaga, tal vez no deba hacerlo nadie.