El Gobierno nacional busca dejar en el olvido la causa Hotesur que complica a Máximo Kirchner. Tras la decisión del juez Rafecas de sacarle la custodia de las pruebas a la Policía Metropolitana, ahora Aníbal Fernández aseguró que son "inválidas" las medidas de prueba de la investigación.

"Las pruebas se invalidan a sí mismas. Fueron obtenidas en forma ilegal", señaló el jefe de Gabinete, en referencia a las medidas dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio en la causa. Según el funcionario, así lo indica el fallo de la Cámara Federal que apartó al magistrado de esa investigación.

En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, Fernández indicó que "la competencia es de Río Gallegos" pero que el juez Bonadio "se negaba a tratar eso, no le dejaba ver el expediente a la defensa". Las defensas de la familia Kirchner y de Lázaro Báez intentan llevar la causa a Santa Cruz, para que quede en manos de algún juez afín.

Para Fernández, en este caso se aplica la llamada docrtina del "fruto del árbol venenoso" por la que, si las pruebas fueron obtenidas en forma ilegal, todo lo actuado a partir de eso también es inválido.

El jefe de ministros acusó a Bonadio de salir en "una excursión de pesca" y de determinar allanamientos para "ver qué se encuentra" y, eventualmente comenzar una investigación "a partir de lo que se pescó".

Al mismo tiempo, avaló la decisíon del actual juez de la causa, Daniel Rafecas, quien puso al frente de la custodia de esa documentación a la Prefectura Naval y apartó a la Policía Metropolitana.

Fernández aseguró que la fuerza porteña, según indicó la Cámara Federal, es auxiliar de la Justicia pero sólo "dentro de su jurisdicción".

Por otra parte, Fernández criticó al precandidato presidencial opositor Mauricio Macri por afirmar que Daniel Scioli sería "responsable" del desplazamiento de Bonadío.

"Es una tontería. Es un caprichito de niño bien", dijo Fernández al ser consultado sobre las afirmaciones del jefe de Gobierno porteño.

Rafecas decidió ayer que la documentación del caso Hotesur secuestrada en unos 40 operativos semanas atrás quede en poder de la Prefectura Naval, luego de que interviniera la Policía Metropolitana por orden del anterior magistrado de la causa, Claudio Bonadio.

Rafecas ordenó que la documentación que se secuestró en varios operativos en Río Gallegos, Bariloche y también El Calafate quede bajo custodia de Prefectura Naval, por lo que dejó de lado a la Metropolitana.

El juez reemplazó a Bonadio luego de que éste fuera apartado por la Sala I de la Cámara Federal porteña, al hacer lugar a un planteo de Romina Mercado, titular de la firma Hotesur y sobrina de la presidenta Cristina Kirchner.