Los jueces federales de todo el país está intensificando los contactos para coordinar una presión común sobre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para que una vez terminada la feria judicial de invierno, reúna al máximo tribunal y dictamine la inconstitucionalidad de la nueva ley de subrrogancias, que aprobó el kirchnerismo para colonizar juzgados claves en la investigación de causas de corrupción.

Son más de diez los amparos presentados por organizaciones de jueces, abogados y entidades no gubernamentales, contra esta ley que el kirchnerismo empezó a instrumengar con la polémica separación de la Cámara de Casación del juez Luis Cabral, que se disponía a decretar la inconstitucionalidad del entendimiento con Irán.

La ley de subrogancias que se aprobó este año y entró en vigencia el pasado 18 de Junio habilita al kirchnerismo a nombrar jueces suplentes con su mayoría de siete votos en el Consejo de la Magistratura, de una lista de conjueces compuesta por abogados de la matrícula y de secretarios letrados, en su gran mayoría cercanos al Gobierno.

Se trata de la última maniobra urdida por el candidato a vicepresidente Carlos Zannini y ejecutada por el camporista viceministro de Justicia, Julián Alvarez, para colonizar juzgados considerados “claves” porque tratan causas de corrupción incómodas para el kirchnerismo.

Los magistrados de las provincias son los más reacios a estas subrogancias digitadas y le habrían hecho llegar a Lorenzetti, un detallado informe sobre la norma para su “pronta intervención y resolución por la inconstitucionalidad de la ley”.

Lorenzetti intentó controlar esta presión convocando a camaristas de todo el país, el mismo día que se realizó frente al Palacio de Tribunales, la marcha en repudio a la destitución de Cabral. En ese encuentro el presidnete de la Corte Suprema les pidió “prudencia” y les anunció que recién resolverá el tema una vez que alguna de las demandas presentadas lleguen al máximo tribunal.

Se trata de una movida política. Lorenzetti decidió no abocarse vía “per saltum” u otro mecanismo que acorte las instancias, para resolver el tema muy sensible para la Casa Rosada, luego de las elecciones presidenciales de Octubre, cuando ya esté decidido el próximo mandatario.

Contención

Pero como la tensión crece, Lorenzetti ahora habría solicitado a Daniel Marchi, administrador General del Poder Judicial y contador de confianza, que inicie los trámites para mejorarle los vehículos oficiales a los jueces más díscolos. También le pidió que habilite partidas presupuestarias para que en sus jurisdicciones amplíen los contratos, confirmaron a LPO fuentes judiciales.

Esta situación enojó aún más a algunos jueces provinciales de los diversos fueros que deben luchar con muy escasos recursos contra delitos complejos como la trata de personas, narcotráfico y comercio ilegal de armas.

En plena feria judicial de invierno en la ciudad de Buenos aires, pero no así en las provincias, los jueces “díscolos” ahora presionan para reunirse con Lorezetti en los primeros días de Agosto.