Mientras replantea su estrategia y discurso tras el ajustado triunfo que obtuvo Horacio Rodríguez Larreta en el balotaje, Mauricio Macri –como actual Jefe de Gobierno porteño—va camino a afrontar una instancia administrativa clave que promete impactar en su campaña electoral como precandidato a la Casa Rosada.

Si cumple al pie de la letra el procedimiento normativo que rige desde el año pasado, Macri tiene que enviar a la Legislatura local las escalas de aumentos que la administración local aplicará en 2016 a la tasa del ABL y el impuesto inmobiliario.

La fecha fijada para la remisión de los datos y la información que servirán de base para establecer los importes impositivos es el 31 de julio.

Pero, la intención del gobierno macrista sería posponer esa presentación para la segunda quincena de agosto, una vez que se hayan realizado las PASO.

De esta manera, Macri busca evitar el costo político que tendría que afrontar en la recta final de las elecciones primarias si sale a la luz cual es el ajuste fiscal que se viene para los habitantes de Buenos Aires, que podría ser aprovechado por la oposición para complicarle su última semana de campaña antes de las primarias.

Según la reglamentación aprobada en 2014, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) tiene que girar a la Legislatura cada 31 de julio el listado con los valores de los terrenos y de las edificaciones locales que se tomarán como referencia para establecer la tasa de ABL y el impuesto inmobiliario del año siguiente.

Lo que tiene que entregar la AGIP es la denominada “Valuación Fiscal Homogénea” (VFH) de cada inmueble que, una vez aprobada por los legisladores, se multiplica por 4 para llegar al monto final sobre el cual se aplicarán las alícuotas correspondientes a cada gravamen. En el caso del ABL, es el 0,5% de la valuación de la propiedad. En tanto, para el Inmobiliario rigen escalas crecientes que van del 0,7% al 1,5% según los valores que alcancen los inmuebles.

Las leyes locales 4039 y 4040 que rigen desde 2012 establecieron una actualización progresiva de los valores de las propiedades con el fin de que la VFH final llegue a representar el 80% del importe real de mercado de cada inmueble.

Tras haber registrado en 2012 subas iniciales superiores al 300%, en 2013 se aprobó una ley que limitó los incrementos anuales. Hasta un 50% para las propiedades inferiores a los $150.000 de valor fiscal; 75% para las valuadas entre $ 150.000 y $ 300.000 y 100% para las de más de $ 300.000.

Para el 2014, la Legislatura atemperó transitoriamente esos ajustes con topes de aumentos que oscilaron entre el 20% y el 40%.

Cuando llegó el momento de definir los importes del 2015, Macri y la Legislatura volvieron a acordar en el segundo semestre del año pasado otra limitación temporaria para que los aumentos se ubiquen entre el 20% al 30%.

Si ahora se aplica la normativa vigente, los incrementos en ABL e Inmobiliario para 2016 tendrían que ser del 50% al 100% con respecto a lo que están pagando los contribuyentes este año.

Pero, la idea inicial que barajan los funcionarios macristas sería repetir los niveles de ajustes que se establecieron para este año.

Con ese fin, la propuesta que elevarían los técnicos de la AGIP a los legisladores tendría los mismos topes de subas que se aprobaron para este año: de hasta el 20% para las propiedades que no superen un valor fiscal de $ 300.000 y del 30% para los inmuebles más caros.

Para salir a defender esos aumentos, el macrismo piensa esgrimir como principales causas del ajuste al proceso inflacionario y el constante incremento de los precios que genera la política económica de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.