La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el ex ministro de Salud Juan Luis Manzur fueron denunciados penalmente por supuestas irregularidades en la aplicación del Programa Nacional de Soberanía Alimentaria (PNSA).

La presentación, firmada por el candidato a diputado nacional por la CC ARI Hernán Reyes, con patrocinio del abogado Agustín Bastard, recayó en el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita, ambos de turno en la feria judicial de invierno.

Basado en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el denunciante señaló que desde las carteras de Desarrollo Social y Salud "no se logró generar un Sistema Permanente para la Evaluación del Estado Nutricional de la población conforme lo exige expresamente la ley".

También indicó que "se incumplió" con el artículo de ley sobre el PNSA que establece la intangibilidad de los recursos para el plan sancionados por el Congreso de la Nación y observó que "se efectuaron recortes unilaterales por parte del Poder Ejecutivo".

"Resulta particularmente escandaloso que esto se diera un año después (2011) de la muerte por desnutrición de varios niños en la provincia de Salta", consignó.

Además, resaltó que en el tiempo transcurrido de 2015 "se realizó un recorte presupuestario del Programa por parte del Ministerio de Desarrollo Social" que ya alcanza a los "574 millones de pesos", lo cual representa una ejecución presupuestaria de "48,6 por ciento, muy por debajo de la ejecución de todo el presupuesto nacional que es del 51,9 por ciento".

"La irregular aplicación del PNSA no cumple con el contenido mínimo porque los montos de sus prestaciones son insuficientes, la calidad nutricional de sus raciones es muy baja, el alcance de la cobertura es limitado y se observa irregularidad en las entregas, entre otras cuestiones", resumió Reyes.

Para el denunciante, Kirchner y Manzur deben ser investigados por la presunta comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "omisión de deberes".

A la vez propuso al juez que cite a declarar de testigos al médico Abel Albino, titular del Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (CESNI), a Pilar Arcidiacono, investigadora del Grupo Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA, y a los funcionarios de la AGN que realizaron el informe mencionado.