Irán
El Gobierno ahora presiona para sacar al otro camarista que debe analizar el memorandum con Irán
La Casa Rosada ahora quiere apartar al juez Juan Carlos Gemigniani, porque votaría contra el pacto.

 El gobierno intenta sacar a un segundo juez de la causa por el Memorándum con Irán, luego que lograr el apartamiento de Luis Cabral de la Cámara de Casación. El miércoles pasado recusó al camarista Juan Carlos Gemignani, con el argumento que ya se conocía su decisión de votar por la "inconstitucionalidad" del pacto con Irán. 

Los abogados del Estado, según adelantó Ambito, aducen que Gemignani facilito a la prensa la documentación que el canciller Hector Timerman elevara a la Casación, que incluía un informe completo sobre las diferentes etapas y reuniones que se llevaron a cabo entre las delegaciones argentina e iraní para concretar el polémico Memorandum.

La disputa por la constitucionalidad o no del Memorandum que se despliega en la Cámara de Casación es tan áspera porque de su resultado se deriva la posible reactivación -o no- de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por los presuntos delitos de “encubrimiento, traición a la patria, cesión de soberanía, abuso de autoridad, afectación al juez natural, afectación a la división de poderes y de las responsabilidades del estado argentino ante la comunidad internacional”. 

Fuentes con acceso al expediente explicaron a LPO que sería posible reabrir la investigación incluso sólo con las pruebas que hay en el expediente. Era esa la tesis del removido Cabral, razón que llevó al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, a empujar su desplazamient.

Según esta visión, el Memorandum confirma la “premeditada intención” de la presidenta de acordar la “cesión de la soberanía a los iraníes” para garantizar la impunidad de los presuntos culpables del atentado a la AMIA y agregan que su responsabilidad sería “innegable” al haber “impartido la orden” de poner en marcha el acuerdo.

“La negación de juez natural como la omisión de la investigación y persecución de delitos de lesa humanidad, obligaciones asumidas por nuestro país ante la comunidad internacional con la suscripción del Pacto de San José de Costa Rica, ponen de manifiesto la actitud dolosa de lograr impunidad con la cesión de la soberanía nacional”, explicaron juristas con acceso a la causa que más preocupa al Gobierno.

Neutralizados

Por ello, Zanini planteó la “neutralización” de la causa como un tema neurálgico del Estado y la puso en marcha a través de su alfil en Casación, la presidenta del tribunal Ana María Figueroa.

Hoy debió volver al máximo tribunal penal del país Angela Ledesma, la titular del cargo que subroga Ana Maria Figueroa. Pero sugestivamente la jueza solicitó una nueva licencia de una semana que se suma a los cuatro meses que le concedió la Corte Suprema para “capacitación en derecho penal”.

Tras la recusación de Gemignani, los tres jueces de Casación -el propio Gemigniani, Figueroa y Claudio Vazquez, el polémico abogado que impuso el kirchnerismo en lugar de Cabral- se encuentran cuestionados y deberían decidir entre ellos, si respaldan o no esas objeciones. Si no llegaran a una mayoría de dos votos, deberían realizar un sorteo entre sus pares de las otras salas de Casación para conformar una mayoría de dos votos.

Es por esto que Gemignani solicitó a Figueroa -presidenta de Casación-, que constituya un tribunal ad hoc para que resuelva las recusaciones.

El otro problema que se presenta es que el resto de los antiguos camaristas ya intervinieron en la causa del Memorándum en uno u otro momento. Los únicos que no tuvieron acceso a la causa son Norberto Frontini y Roberto Boico, aunque podrían ser objetados por los abogados de Amia y Daia.

En Casación explicaron a LPO que si esta compleja situación de recusaciones cruzadas no logra resolverse debería intervenir la Corte Suprema como autoridad máxima de super intendencia del Poder Judicial, aunque en su reciente decisión sobre el apartamiento de Cabral, se negó a ejercer ese rol. 

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