En la administración pública, la demora en la concreción de los trámites suele ser moneda corriente y aceptada por casi todo el mundo. Uno de esos casos es el vinculado con el contrato de concesión de los trenes de la línea Urquiza que están bajo el control del grupo Roggio por medio de la empresa Metrovías.

Con dos años de demora, el gobierno nacional procedió a aprobar por decreto el acta acuerdo por el cual se había escindido en junio de 2013 la operación de los servicios de la red de subterráneos y los correspondientes a los trenes urbanos del ferrocarril Urquiza.

Por medio del decreto 1145, el Poder Ejecutivo Nacional completó esta semana la “formalización administrativa y contractual” del traspaso de los subtes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la separación de los dichos servicios y los de la línea Urquiza que tienen como operadora a Metrovías.

Cuando el menemismo privatizó los servicios ferroviarios en el inicio de la década del 90, el grupo Roggio logró quedarse con el paquete que conformaban los subtes y la línea Urquiza.

Esa doble operación se mantuvo hasta 2012, cuando la Nación y el gobierno porteño acuerdan la transferencia de los subtes y el premetro a la órbita de la Ciudad.

Una vez concluido el traspaso –que registró varios encontronazos y cortocircuitos entre los funcionarios nacionales y locales—, la administración macrista decidió en 2013 mantener como “gerenciadora privada” de los subtes a Metrovías, con un nuevo contrato de “operación y mantenimiento” que inicialmente iba a durar dos años, pero que luego fue prorrogado hasta abril de 2016.

Tras la devolución de los subtes a la ciudad, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo ratificó a Metrovías como operadora del ferrocarril Urquiza y suscribió un acta acuerdo con la empresa para separar contractualmente los dos tipos de servicios que venía prestando Roggio desde 1994.

Randazzo y Alberto Verra—presidente de Metrovías—firmaron ese convenio el 11 de junio de 2013 y desde entonces la empresa se estuvo manejando con los lineamientos que figuran en la letra chica del mismo.

La última cláusula del acta acuerdo establecía que tenía que ser “ratificada por un acto administrativo de la autoridad superior, previa intervención de los organismos competentes”.

Tras tomarse dos años y algunos días, el área jurídica de Transporte dio el visto bueno para ratificar por decreto una cuestión contractual que se suponía ya había sido analizada y aprobada en 2013 en el momento en que se firmó el convenio.

Para algunos técnicos del sector ferroviario, la razón de esta demora estaría dada por algunos problemas suscitados con los inventarios de los bienes y activos que fueron entregados para la explotación de los trenes que unen Lacroze con General Lemos.

Roggio por su parte aprovechó este limbo legar para esquiva -hasta ahora- el cumplimiento de la cláusula séptima del convenio que lo obliga a crear una nueva sociedad que tenga como objeto específico la explotación de la línea Urquiza.

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