Pese a las intenciones del Gobierno, la causa por el memorándum con Irán ya se encuentra a resolución de la Corte Suprema y los cuatro ministros deberán analizar si el desplazamiento del juez Luis Cabral de la Cámara de Casación en su calidad de subrogante, fue constitucional o inconstitucional.

A eso se llegó tras la furia de la presidenta de la Cámara de Casación, la kirchnerista Ana María Figueroa, ante la decisión de su colega Juan Carlos Gemignani de dar intervención a la Corte por el “tenor” de la cuestión de fondo. La audiencia de esta mañana se dio por finalizada tras una acalorada discusión entre los camaristas, según supo LPO.

Para Figueroa la designación de Claudio Vázquez en reemplazo de Cabral sería bajo los términos de la ley de subrogancias. Mientras que Gemignani, pese a considerar “constitucional” la norma y con ello la designación de Vázquez, prefirió que sea la Corte quien tome la decisión final por una cuestión de “superintendencia”.

Según trascendidos desde el Palacio de Tribunales, Gemignani de manera personal arribó a la Mesa de Entradas de la planta baja de Talcahuano 550 y entregó el recurso extraordinario.

Se trata de una causa inédita en la que la misma Justicia pone en jaque a la cabeza del poder judicial.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti es amigo personal de Luis Cabral por lo que la primera irregularidad podría estar ante esta relación que habilitaría que el ministro deba “excusarse”. Esto llevaría a que se llame a sorteo entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país para que intervenga en su lugar.

La Corte, que también deberá intervenir en la dilucidación sobre la constitucionalidad o no del memorándum con Irán, ahora debe resolver si la ley de subrogancias que entró en vigencia el 18 de junio pasado “acuerda” o no con los parámetros establecidos por la Constitución Nacional.

De acuerdo a los términos del recurso extraordinario presentado por el fiscal ante Casación, Raúl Pleé, el enfrentamiento al Gobierno resulta inevitable.

Los ministros deberán determinar si en el apartamiento de Cabral hubo o no afectación al “juez natural”, según lo establecido en el artículo 18 de la Constitución.

Asimismo, deberían además emitir opinión sobre si la ley de subrogancias permite al Consejo de la Magistratura “abusar” de sus funciones y nombrar jueces afines a través de la lista de conjueces. La norma anterior se recostaba sobre un “sorteo” pero esta nueva habilita el libre albedrío oficialista para designar alfiles en lugares claves, resaltan especialistas.

Estaría en juego además si la ley de subrogancias viola o no el artículo 109 de la Constitución que determina: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

En tanto, el recurso cuestionaría también el artículo 110 de la Ley Suprema que garantiza inamovilidad a los magistrados. “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.

Los ministros carecen de plazos preestablecidos para resolver pero la “presión política” no les da respiro. En los pasillos de tribunales, hay jueces que creen que, con una mayoría de tres, la Corte se inclinaría por rechazar el pedido de Pleé al carecer de las instancias “jurisdiccionales” anteriores.

Además no creerían conveniente enfrentarse al Consejo de la Magistratura, órgano “autónomo” que no depende del Poder Judicial y goza de “jerarquía constitucional”, se resguardan los asesores cercanos al cuarto piso del Palacio de Tribunales.