Una jueza federal de Río Grande ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Los embargos fueron dispuestos por la jueza federal Lilian Herraez al admitir un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Las medidas cautelares sobre bienes de las empresas imputadas que finalmente dispuso la magistrada fueron precisadas el 1° de junio por el fiscal del caso, Marcelo Rapoport, junto con María del Carmen Chena, titular de la -recientemente creada- Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, que se encuentra colaborando en la causa para asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados. 

En el marco de este trabajo, requirieron las medidas para asegurar las multas previstas en la legislación argentina, a cuyo fin identificaron los activos de las empresas en el exterior y descubrieron que una de las principales imputadas, la firma estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que impulsaron el embargo de sus bienes. 

Según el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", dado que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

Herraez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156.432.000 millones de dólares. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma semisumergible y cuentas bancarias de empresas británicas y estadounidenses.

Además, la magistrada ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, medida que se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.

Por otra parte, demostraron que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, ésta obtuvo una importante ganancia ilícita. En efecto, el día del anuncio, el valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) aumentó más del 34 por ciento y el volumen de transacciones negociadas más de 400 por ciento, alcanzando los mayores valores históricos de los últimos años.

Cristina en la inauguración del Museo de Malvinas.

DyN

Por ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de tales ganancias, identificando a ese efecto las cuentas de FOGL en el extranjero. Finalmente, pidieron a la jueza que la existencia de la causa se pusiera en conocimiento de los organismos de control bursátil de Estados Unidos (SEC, NYSE y NASDAQ), Londres (LSE y AIM), Oslo e Italia para resguardar a los inversores de las empresas que cotizan en esas plazas.

La orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país en los que se encuentren radicados los activos identificados. 

Asimismo, la jueza autorizó al Ministerio Público Fiscal a realizar medidas tendientes a poner en conocimiento de lo decidido a los organismos internacionales correspondientes para hacer efectiva algunas de estas medidas, entre otras destinadas al embargo de bienes, cuentas bancarias y acciones, mediante la articulación de mecanismos internacionales.

Al momento de presentar la denuncia, Gonella, mencionaba que "cualquier persona física o jurídica, cualquier Estado que desee realizar actividades de esta naturaleza en nuestro territorio, tiene que contar con la autorización de las autoridades estatales". 

"En este caso –por tratarse de recursos naturales sometidos a la soberanía del Estado- y como se detectó a partir de una investigación de Cancillería que buques extranjeros de empresas extranjeras estaban haciendo este tipo de actividades sin contar con autorización, se iniciaron ya en el año 2010 sumarios administrativos y se sancionó a estas empresas", según la web de fiscalías nacional.

El fiscal advirtió que "como no cesaron con esta actividad, se presentó una denuncia penal en el marco de la ley 26.659 que regula estos delitos".