La jueza federal María Servini de Cubría hizo lugar a un pedido de la legisladora porteña Graciela Ocaña y ordenó la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades con los fondos del Fútbol para Todos.

A tal fin, la magistrada designó a tres veedores judiciales, que serán el ex juez Alberto Piotti, la ex titular de la UIF Alicia López y un perito contador de la Corte Suprema.

La denuncia de Ocaña por las irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del Fútbol para Todos fue realizada el año pasado y derivó en las imputaciones, por parte del fiscal Eduardo Taiano, de los sucesivos jefes de gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, responsables del programa, y directivos de la AFA, entre ellos el fallecido Julio Grondona.

"Esta investigación comenzó por la contratación directa de empresas vinculadas al gobierno en el proyecto de Fútbol Para Todos, pero después se amplió por desvíos de fondos correspondientes a los clubes", explicó esta mañana Ocaña en TN.

En agosto del año pasado, Servini de Cubría ordenó un impactante allanamiento en la sede de la AFA, lo que encendió las alarmas en el Gobierno nacional donde empezaron a observar que la causa iba en serio.

Un mes después, Ocaña amplió la denuncia y le apuntó a empresas encargadas de la “producción” de la televisación de los partidos y la comercialización de publicidad, la mayoría beneficiadas por contrataciones directas. Alguna de esas firmas, constaba en la denuncia, fueron creadas solo para prenderse en el negocio, y otras no tenían ningún tipo de antecedente en el rubro.

Pero después de meses de aparente quietud en la causa, hubo dos factores que aceleraron el proceso y casi obligaron a la jueza a avanzar con decisión contra la AFA.

El primero de esos hechos fue el escándalo mundial de corrupción en la FIFA, que tiene como dos de sus principales protagonistas al fallecido Julio Grondona y al empresario Alejandro Burzaco (ex CEO de Torneos, actualmente detenido en Italia), el poder en las sombras de la entidad argentina y con influencia en varios de esos contratos sospechosos para la televisación.

Una de las empresas mencionadas por Ocaña es Santa Mónica, el agente comercial exclusivo de AFA que está asociada a Torneos en la organización de los partidos amistosos de la Selección Argentina y de la Copa América. También son socios en el manejo del museo de Boca, un negocio que le entregó en bandeja Daniel “Tano” Angelici. En realidad, desde hace meses se comentaba en diversos ámbitos vinculados al fútbol argentino que el verdadero dueño de Santa Mónica no era otro que Burzaco.

El segundo episodio que aceleró la investigación fue el desarchivo del informe de la Auditoría General de la Nación sobre las irregularidades en el FPT. Allí, se denuncia que, entre agosto de 2009 y diciembre de 2012, se gastaron $ 2.967,6 millones, de los cuales $ 188,9 millones se tramitaron “sin el respaldo de la orden de compra correspondiente”.

Como si faltaran ingredientes para levantar sospechas sobre la AFA, en los últimos días salieron a la luz escuchas que mostraban los manejos de Grondona de la entidad. La que más escándalo generó fue una en la que el mandamás dejaba en claro como influía sobre los arbitrajes, pero hay otra que podría derivar en un conflicto de dimensiones ya que deja trascender que Grondona habría “ayudado” a ascender a un equipo.

Los interventores

La AFA confirmó este mediodía en un comunicado que Servini "ha resuelto la designación de veedores judiciales informantes que realizarán su tarea sin inmiscuirse en la administración de esta Asociación". Ellos son el abogado Alberto Daniel Piotti y los contadores Horacio Dellia Rocca y Alicia Beatriz López.

Alberto "Tano" Piotti es un ex juez federal de San Isidro y ex secretario de Seguridad y de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Eduardo Duhalde. Su paso por la gestión bonaerense estuvo marcado por las acusaciones en su contra en la causa por la voladura de la AMIA, cuando estaba en manos de Galeano. Su nombre había sido incluido en una lista de funcionarios que presuntamente habían obstruido la causa, ya que varios policías bonaerenses -a su cargo como secretario de Seguridad- habían sido acusados.

Piotti es un viejo conocido de su colega Servini de Cubría. En 1999, Susana Viau dio cuenta Página 12 de una reunión de jueces organizada por Piotti donde se habló del futuro gobierno de Fernando De la Rúa y hasta se especuló sobre cuánto duraría.

Pero el vínculo no termina allí. En el libro "El Entorno La trama íntima del aparato duhaldista y sus punteros", Daniel Otero sostiene que "Como diputado de la Nación Alberto Piotti mantuvo su perfil protagónico. Integró la estratégica Comisión de Juicio Político y, en el proceso de investigación a la jueza María Servini de Cubría, la participación de Piotti fue relevante: evitó el juicio" por las irregularidades en el caso Yomagate.

Servini también conoce a Alicia López, ex titular de la UIF y especialista en temas de lavado. Es que la contadora participó de la investigación de la Comisión Investigadora del Lavado de Dinero de 2001, que integraban entre otros Cristina Kirchner, Elisa Carrió y Daniel Scioli. Servini intervino en causas derivadas de esa investigación y López había colaborado estrechamente con ella en la denuncia contra Gaith Pharaon, entre otras. 

Della Rocca es un experimentado perito en causas contables y fue designado por la Corte como veedor en la AFA. Su estudio, que comparte con Carlos Javier Piazza y Alejandro Almarza, está implicado en la trama del caso Ciccone ya que llevaba algunas cuentas del Banco Macro y de la financiera que aportó $ 29 millones para resucitar la imprenta. A través de ese estudio, José María Núñez Carmona intentó que se diseñara una ingeniera para disfrazar la operación.