La política fiscal que llevó adelante Daniel Scioli en la Provincia en los últimos años contrasta notablemente con la que está implementando el gobierno nacional. El mandatario bonaerense hizo un fuerte ajuste en el período 2013-2014 con tal de que su distrito volviera a tener superávit primario, y a pesar de que le implicó una dura pelea con el campo por el revalúo del inmobiliario rural y una abrupta reducción en los fondos destinados a la obra pública en relación al Presupuesto.

Por el contrario, Cristina tiene déficit desde el 2009-2010 y cada año que pasa el agujero de las cuentas públicas se agranda a pasos agigantados. Como publicó LPO, según las estimaciones de diversos economistas, el 2015 cerraría con un rojo que, sin contar los aportes del Banco Central y la Anses, llegaría a 8 puntos del PBI, lo que implicará una pesada herencia para el próximo gobierno y acotará su margen de maniobra si desea ajustarlo.

Repasar la gestión de Scioli es importante porque podría mostrar un antecedente de lo que es capaz de hacer en caso de llegar a presidente, si decide reducir el déficit fiscal. 

La política fiscal de Scioli en los últimos años en la provincia contrasta fuertemente con la del kirchnerismo. Redujo drásticamente el déficit.

El gobernador tuvo en su primer año de gestión, en el 2008, un déficit de unos $2400 millones, que pasaron a $6000 millones en el 2009. Luego el rojo se redujo a $2800 millones en 2010 para pasar a un promedio de $10 mil millones anuales en el período 2011-2012.

En tanto, en el 2013 el déficit se redujo abruptamente a $1700 millones como consecuencia de una mayor recaudación por la mayor carga tributaria provincial, y un recorte en los gastos de capital. Todavía no están los datos finales del 2014.

Por el lado de la recaudación, el ajuste fue protagonizado por un fuerte impuestazo en los ingresos brutos y en el impuesto inmobiliario rural mientras. A la vez, solicitó al ministro Julio de Vido el traspaso de Edelap, compañía distribuidora de energía en la provincia, que finalizó en un tarifazo cercano al 300 por ciento.

Las causas del ajuste

Lo cierto es que lo que introdujo la reforma fiscal del 2012 fue la caída de las transferencias discrecionales. Si hasta el 2010 el estado nacional le enviaba al gobierno de Scioli unos 10 mil millones de pesos por fuera del régimen de coparticipación federal de impuestos, la intención del gobernador de aspirar a la Presidencia, provocó por parte de la Casa Rosada un recorte definitivo de estos fondos que llegan hasta hoy. Se trata de unos 20 mil millones actualizados a que representan aproximadamente el 15% de los recursos totales en manos de la provincia de Buenos Aires, calculan los analistas.

En el 2012, las transferencias discrecionales a Buenos Aires llegaron a caer más del 60 por ciento mientras las que se dirigían al resto de las provincias aumentaban un 28 por ciento.

La ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, expone sobre las finanzas provinciales en un reciente encuentro.

Un trabajo del consultor Federico Muñoz resalta que la agresiva política fiscal surgió a raíz de la asfixia que intentó hacer el gobierno nacional con la Provincia.

“En 2010 y 2011, Buenos Aires recibió poco más del 21% del total de las transferencias discrecionales a provincias, una proporción levemente superior al share de giros automáticos. Pero en 2012, la discriminación se acentuó hasta el paroxismo, pues Buenos Aires habría recibido apenas el 8% de los giros discrecionales a provincias”, plantea la presentación.

“Si bien es cierto que a veces les dieron transferencias discrecionales y a veces no, en algunos años aumentaron mucho. Otras provincias no reciben tanta plata”, matizó el titular de NoaNomics, Félix Piacentini, consultado por este portal.

Scioli lanzó una agresiva política fiscal, como respuesta a la asfixia económica que instrumentó contra la provincia la Casa Rosada.

Otro problema que surgió fue que el tope al Fondo del Conurbano, creado a principios del menemismo para compensar la pérdida en la coparticipación de los 80’, nunca se actualizó. Con la ley 23548 se estipuló que el 10% de la recaudación neta del Impuesto a las Ganancias se destinaría al financiamiento de obra pública de carácter social en territorio bonaerense.

Pero de acuerdo a la ley 24621 de 1996, Buenos Aires recibiría hasta $650 millones anuales. Si el 10% de lo recaudado por Ganancias excedía esa suma, se repartiría entre las restantes provincias según las proporciones establecidas en la coparticipación secundaria.

Esto llevó a que Buenos Aires recibiera todos los años la misma cifra, sin actualizarse por la inflación, mientras por el efecto de la suba de precios se incrementaba la proporción que iba a parar a otras provincias. Así, el territorio bonaerense pasó a recibir menos del 5% de ese fondo.

“Esto terminó licuando la participación de Buenos Aires en las transferencias totales del 24% en los primeros años del kirchnerismo al 19% actual”, advierte Muñoz.

Por último, el coeficiente actual de coparticipación es del 22%, pese a que en la Provincia vive el 42% de la población y cobra el 50 por ciento de los impuestos provinciales, por lo que los economistas plantean que la proporción debería ser mayor.

Menos obra

Obligado a cerrar las cuentas, la reacción del gobierno bonaerense se concentró en elevar los ingresos y en congelar el nivel de los gastos. Esto es, ingresos que crecen más que los gastos y gastos que crecen lo mismo que la tasa de inflación.

Curiosamente, esa es una de las máximas que propone el principal asesor económico de Scioli, Miguel Bein, quien también recomendó sacarle las retenciones a las economías regionales y revisar los subsidios que no van a los sectores más humildes.

Si bien-como explicó este medio- el director de Bein y Asociados no ocuparía ningún cargo en un eventual gobierno del ex motonauta, dejó en claro que su principal preocupación es la falta de divisas, que descarta las políticas de shock y las devaluaciones bruscas y que, para el próximo gobierno, prevé la continuidad del programa de administración de las reservas en el que continuaran teniendo prioridad la entrega de dólares para la importación de insumos y para la inversión.

Mientras tanto, la elevada participación del gasto corriente (salarios) sobre el gasto total obligó a las autoridades provinciales a congelar los niveles de inversión. Si el promedio de los gobiernos provinciales destinan a la inversión aproximadamente el 15% de su presupuesto, el gobierno de Scioli destina a este fin apenas el 3% de las erogaciones totales. Esta realidad, que explica el fuerte deterioro de los servicios públicos provinciales, fue compensada en parte desde gobierno nacional con moratorias previsionales, planes sociales y subsidios de todo tipo producto del paternalismo de la administración central.

Los números muestran que cuando Scioli recibió la gestión provincial de manos de Felipe Solá, los gastos de capital se llevaban el 8,7% del total de los gastos.

En cuanto a su situación financiera, la Provincia gasta unos $4000 millones por año en intereses. Es el distrito más endeudado, llevándose cerca del 50% de la totalidad de la deudas provinciales, con un stock de 85 mil millones de pesos.

De todas formas, el ratio del PBI de Buenos Aires respecto a su deuda pasó del 12% al 8,4%, en el período 2007-2013, y hoy estaría en un 7,6%, de acuerdo a los datos del ministerio de Economía provincial.