El kirchnerismo dará un golpe de fuerza en el Consejo de la Magistratura y pondrá en marcha la “operación subrogantes” que implicará separar de sus cargos a jueces suplentes, en ejercicio de la ley de subrogancias que se aprobó el pasado 17 de junio junto al paquete de normas con las que se sancionó el nuevo código procesal penal.

La tensión entre los jueces subrogantes en tribunales claves se puede percibir en el aire de los pasillos de la justicia federal y nacional.

Las instancias sobre las que La Cámpora, que en la Magistratura lidera Julián Álvarez, habría cerrado filas para separar jueces clave son la Cámara de Casación penal, la Cámara federal y los contencioso administrativos.

El objetivo será apartar de sus cargos a todos aquellos magistrados que se encuentren supliendo el lugar de otro por vacancia e impondrán en esos puestos a jueces afines.

Tras meses de inacción, y de manera repentina, los consejeros de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar, sancionar y remover jueces, se reunirán primero para tratar temas de las comisiones de Selección de Magistrados y Reglamentación. Sin embargo, con posterioridad se convocó a un Plenario “extraordinario” en el que se prevé poner en marcha la cuestión que mantiene en vilo a la Justicia.

Los camporistas se anticiparon ya que ayer se presentó la primera impugnación al paquete de leyes por el que se aprobó el nuevo código procesal penal y las normas de subrogancias.

Mauricio DAlessandro, abogado y diputado provincial por el Frente Renovador, presentó ante el fuero contencioso una medida cautelar para que se “suspenda la aplicación de la ley que reformó el Digesto penal como las normas complementarias”.

Según el legislador, la ley aprobada el 17 de junio “viola las normas constitucionales del debido proceso y pretende generar fueros personales designando fiscales a medida de las necesidades políticas del gobierno”.

“La ley cuestionada establece la creación de fiscalías auxiliares y la posibilidad de la procuradora de asignar fiscales a las causas de resonancia e instruir a los mismos para que actúen al solo arbitrio de la Procuración anulando la independencia que todo funcionario judicial debe tener, para aplicar la ley según su propia interpretación y no la de su superior, claramente politizado”, expresó el legislador bonaerense.

Gabriela Vázquez y Julián Álvarez

DyN

El planteo quedó radicado ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, quien si resuelve frenar la norma, dejaría sin efecto la vigencia de la misma.

“El combo es simple. Designaron una fiscal con mandato indefinido y le armaron una ley para que cambie y designe fiscales de acuerdo a las necesidades de este gobierno. Con el nuevo código que se apuran a implementar, pusieron en cabeza de esos fiscales la dirección del proceso penal. La frutilla del postre es permitir correr a los funcionarios independientes que queden para poner en cada causa un fiscal a medida”, embistió D’Alessandro.

Pero no sólo con los fiscales será el blindaje que impulsa el kirchnerismo, irán también contra los magistrados subrogantes, muchos de ellos de manera “ilegal”, pero nombrarán en sus puestos a alfiles del riñon oficialista.

La cuestión ya levanta polvareda entre los jueces ya que quien otorgaría el séptimo voto sería la camarista laboral, Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura.

Además de Álvarez, la acompañarán Jorge Candis, ex juez laboral representante académico, los diputados Héctor Recalde y Anabel Fernández Sagasti y los senadores Ruperto Godoy, de la provincia de San Juan, y Pablo González de Santa Cruz.