El diputado bonaerense del Frente Renovador Mauricio D'Alessandro presentó hoy una nueva medida cautelar pidiendo la suspensión de la ley 27148 que implementa la reforma del Código Procesal Penal.

D'Alessandro ya había logrado en enero de este año la suspensión de la designación de 16 fiscales por parte de la procuradora Gils Carbó con el argumento de que la misma se había extralimitado en sus funciones y anticipado al dictado de las leyes de implementación de la reforma.

El 17 de junio el Congreso aprobó en trámite exprés una nueva ley del Ministerio Público que, según el diputado, “viola las normas constitucionales del debido proceso y pretende generar fueros personales designando fiscales a medida de las necesidades políticas del gobierno”.

“La ley cuestionada establece la creación de fiscalías auxiliares y la posibilidad de la procuradora de “asignar” fiscales a las causas de resonancia e instruir a los mismos para que actúen al solo arbitrio de la Procuración anulando la independencia que todo funcionario judicial debe tener, para aplicar la ley según su propia interpretación y no la de su superior “claramente politizado”, dijo D’Alessandro.

La cautelar quedó acumulada a la anterior denominada “D’Alessandro, Mauricio Longin y otros c/PODER EJECUTIVO NACIONAL s/medida cautelar” que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro.3 a cargo de la Dra. Claudia Rodríguez Vidal.

El diputado massista sostuvo que “esta ley pretende blindar a los funcionarios kirchneristas más allá de diciembre, garantizando que la procuradora militante Gils Carbó pondrá a cargo de las causas sensibles a fiscales que el gobierno se apura a designar antes del fin del mandato. El combo es simple. Designaron una fiscal con mandato indefinido y le armaron una ley para que cambie y designe fiscales de acuerdo a las necesidades de este gobierno. Con el nuevo código que se apuran a implementar, pusieron en cabeza de esos fiscales la dirección del proceso penal. La frutilla del postre es permitir correr a los funcionarios independientes que queden para poner en cada causa un fiscal a medida”.