La organización Unidos por la Justicia analizó el impacto “excesivo” que significará en el presupuesto nacional la creación de más de 1600 cargos judiciales necesarios para la puesta en marcha del nuevo Código procesal penal.

La cifra estimada por Unidos por la Justicia es de $ 766.421.500 por año, teniendo en cuenta los 1629 cargos para el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, además de las compensaciones salariales. Este último punto, advierte la organización, podría derivar en otros 300 millones más.

Para el Poder Judicial de la Nación, la cifra estimada es de $ 76.576.500, lo que incluye la creación de 173 nuevos cargos para diez oficinas judiciales que se crearán en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El informe detalla que se nombrarán diez secretarios letrados de CSJN que “están igualados salarialmente a un juez de primera instancia, que en promedio cobra $75.000”; treinta secretarios de primera instancia “que perciben una remuneración aproximada de $40.000”. A esto se suman 133 empleados, con un sueldo promedio de $28.500.

A su vez, el nuevo Código procesal crea 14 cargos de funcionarios y 23 de empleados “para el funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal”. El costo anualizado que se estima en el informe rondará los $ 3.256.500.

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal, que dirige la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se prevé la creación de 685 cargos, con una proyección final de $ 287.950.000 más de su presupuesto habitual.

Por otro lado, asciende a $ 365.488.500 el presupuesto que se debería destinar al Ministerio Público de la Defensa, que dirige Stella Maris Martínez, donde se crearán 734 nuevos cargos de defensores, funcionarios y empleados.

El informe de Unidos por la Justicia destaca que la ley de implementación prevé una compensación salarial para los jueces que pasen al nuevo sistema. Esto implica que serán igualados a la categoría salarial de los jueces de cámara, lo que importaría un aumento del 20% de su remuneración. Además, los fiscales de primera instancia que comiencen a aplicar el nuevo código serán equiparados salarialmente a Fiscales Generales y los defensores oficiales de instancia única serán equiparados salarialmente a los jueces de cámara.

Estas compensaciones tendrán un impacto presupuestario anualizado de $33.150.000 aproximadamente, agrega el trabajo. Ese número está incluido en los 766 millones que demandará la implementación.

Pero el informe advierte que por esto último podría en un desembolso de otros 300 millones. “Si bien no está previsto normativamente el aumento del 20% para los funcionarios y empleados, las organizaciones gremiales podrían reclamar que el aumento previsto para los magistrados se aplique a los funcionarios y empleados. Tomando en cuenta que la remuneración mensual promedio y actual de la justicia nacional de instrucción es de $28.6585, el costo anual sería de aproximadamente $ 288.990.000”, completa.

Las críticas al Código

Para los especialistas consultados la nueva ley garantizará “impunidad” y se efectivizó “contra reloj sin debates ni análisis profundos”, deslizó un juez federal en lo penal quien además advirtió que “el poder de mando estará en los fiscales

Manuel Garrido, diputado por la UCR y ex fiscal Anticorrupción, y dijo que esta norma genera "un organismo sin frenos y sin contrapesos básicos en una democracia", en declaraciones mediáticas.

Establece "una monarquía dentro de nuestro sistema democrático", dado que "no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración", sentenció el ex fiscal.

"El único control que establece la ley es la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que en 20 años no se ha establecido" y que el cargo de Procurador General de la Nación "sea vitalicio" y que quede habilitado a nombrar "a su propio reemplazo".

Otro crítico fue el macrista Pablo Tonelli, quien le apuntó, entre otras cosas, al proyecto de designaciones de jueces subrogantes.

Se debe "evitar que el Consejo de la Magistratura que es el responsable de las vacantes, cubra la enorme cantidad de vacantes mediante una selección inconstitucional, arbitraria y seguramente destinada a favorecer a los propios partidarios del partido de gobierno", sostuvo.