La Cámara de Diputados sancionó esta medianoche el paquete de seis leyes orientadas a completar la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), impulsada por el gobierno nacional, en un debate que llevó más de ocho horas de duración y contó con 31 oradores. 

En votación separada por cada ley, pero en una sola vez en particular y en general, el primer proyecto aprobado fue el de la ley de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (130 votos favorables, 88 en contra) y segunda la de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal (130, 88 negativos).

La tercera fue la reforma al Código Penal de la Nación, referida en forma especial a causales para la suspensión del juicio a prueba (187 positivos, 29 negativos y 2 abstenciones del Frente de Izquierda); la cuarta fue la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (130 afirmativos, contra 88); quinta la ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (163 a favor, 55 negativos); y sexta la de Implementación del CPP (133 a favor, 81 en contra y 3 abstenciones del FIT). 

Se trata de los proyectos de ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; Implementación del CPP; reforma al Código Penal, referida en especial a causales para la suspensión del juicio a prueba; ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; y de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La oposición, con posturas dispares, coincidió en hacer fuertes cuestionamientos a la ley Orgánica del Ministerio Público, en especial por lo que considera el poder y la aparente discrecionalidad que se le otorga a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbo.

Respecto a la ley del Ministerio Público Fiscal, el radical Manuel Garrido admitió que en esta iniciativa se encuentra "la mayoría" de sus objeciones y dijo que esa norma genera "un organismo sin frenos y sin contrapesos básicos en una democracia".

Asimismo, sostuvo que establece "una monarquía dentro de nuestro sistema democrático", dado que –según su opinión- "no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración".

En ese sentido, criticó que "el único control que establece la ley es la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que en 20 años no se ha establecido" y que el cargo de Procurador General de la Nación "sea vitalicio" y que quede habilitado a nombrar "a su propio reemplazo".

Otro crítico fue el macrista Pablo Tonelli, quien le apuntó, entre otras cosas, al proyecto de Subrogaciones.

Se debe "evitar que el Consejo de la Magistratura, que es el responsable de las vacantes, cubra la enorme cantidad de vacantes mediante una selección inconstitucional, arbitraria y seguramente destinada a favorecer a los propios partidarios del partido de gobierno", sostuvo.

La respuesta del oficialismo estuvo en manos de la diputada Diana Conti, quien sostuvo que "es ridícula, mezquina e intolerable la campaña de la oposición y del monopolio mediático de que queremos hacer esta reforma para buscar impunidad. No necesitamos impunidad, es el pueblo que necesita justicia, fiscales que caminen de la mano de la víctima y que el derecho penal se aplique".

"La cuestión es política, porque una oposición que no puede caminar y construir territorio busca los estrados judiciales y a la Corte para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos", agregó Conti.

"A ninguno (de los opositores) le importaba como se llenaban la subrogancias cuando tenían la funcionalidad del partido judicial y el aparato mediático. El Consejo de la Magistratura nombra subrogantes desde su creación", manifestó.

La mayoría de los proyectos tuvo modificaciones a pedido de la oposición y de actores judiciales en la comisión bicameral de Seguimiento de la Implementación del CPP, que preside el senador oficialista salteño Rodolfo Urtubey, antes de sortear el Senado.

Entre otras, el órgano ejecutor de la implementación será la bicameral parlamentaria en lugar de la comisión extra parlamentaria de la versión original; se cambió la fecha de inicio de implementación del CPP (se pasó del 1 de septiembre de este año al 1 de marzo de 2016); y se tomó a la Capital Federal como un distrito único para la aplicación del CPP en vez de dividirlo en cuatro jurisdicciones.

Además, entre los puntos destacados por el oficialismo se encuentra el hecho de que haya dos leyes distintas para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa con el objetivo de establecer con claridad las funciones de ambos organismos.

La primera de ellas establece una organización de fiscales por distrito, crea la figura del "fiscal revisor", designado por sorteo, que discute los criterios jurídicos con el fiscal de instrucción, entre otros puntos.