El Senado aprobó esta noche y giró a Diputados el paquete de seis leyes orientadas a completar la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), impulsado por el Gobierno nacional. 

En votación separada por cada ley, pero en una sola vez en particular y en general, el primer proyecto aprobado fue el de ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (45 votos afirmativos contra 11 negativos); segunda, la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal (37 afirmativos, 19 negativos).

Tercera fue la ley de Implementación del CPP (45 a favor, 11 en contra); la cuarta, la reforma al Código Penal de la Nación, referida en forma especial a distintas causales para la suspensión del juicio a prueba (48 positivos, 8 negativos); quinta, la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (37 a 19); y sexta, la ley de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia (37 votos favorable, 19 en contrario), que fue sumada al debate parlamentario hoy por el oficialismo.

La oposición, con dispares posturas, coincidió en hacer fuertes cuestionamientos al poder y a la aparente discrecionalidad que se le otorga a la Procuradora General de la Nación en la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y también a la ley de Subrogaciones en Tribunales Inferiores de la Corte Suprema.

Es que, a su entender, incumple con la constitucionalidad al habilitar el nombramiento de jueces provisorios sin acuerdo del Senado, como manda la Constitución Nacional.

Además, hubo opositores como la adolfista puntana Liliana Negre, el chaqueño radical Angel Rozas y la macrista Gabriela Michetti que cuestionaron los proyectos de Implementación del CPP y de la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal porque desconoce la manda constitucional de traspasar la justicia ordinaria nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la comisión bicameral de Seguimiento de la Implementación del CPP, el oficialista salteño Rodolfo Urtubey, defendió las propuestas, recordó las modificaciones efectuadas a pedido de la oposición y de actores del sistema judicial, como el hecho de que se haya acordado que el "órgano ejecutor de la implementación" sea la bicameral en lugar de la comisión extra parlamentaria de la versión original.

También, reseñó el cambio de la fecha de inicio de implementación (se pasó del 1 de septiembre de este año al 1 de marzo de 2016); se tomó a la Capital Federal como un distrito único para la aplicación del CPP, en vez de dividirlo en cuatro jurisdicciones tal el texto original.

Destacó, además, la importancia de proponer dos leyes distintas para el Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa con el objetivo de establecer con claridad las funciones de ambos organismos, que hasta ahora se encuentran en una sola ley.

El radical Rozas respaldó el espíritu de la reforma que implica pasar "del sistema inquisitoria al sistema acusatorio", algo en que coincidió la mayoría de los opositores que hablaron, y reconoció varias de las modificaciones mencionadas.

Pero expresó preocupación por el poder y discrecionalidad que se le otorga "al Procurador General de la Nación" en la ley del Ministerio Público.