El juez federal Ricardo Bustos Fierro rechazó las imputaciones que recaían sobre el empresario Euclides Bugliotti por “lavado de dinero”, “asociación ilícita” e “intermediación financiera fraudulenta”, en la causa por la quiebra de la financiera CBI, luego de la cual apareció muerto, en circunstancias aún confusas, uno de los socios, Jorge Suau.

En dos resoluciones, que incluyen descartar la promoción de acciones penales contra el contador Javier Guevara y contra el presidente de Toyota Compañía Financiera, José Espinelli, Bustos Fierro despejó las acusaciones sobre Bugliotti y criticó al fiscal Enrique Senestrari, en otro capítulo de la larga saga que enfrenta a ambos magistrados del fuero federal en Córdoba.

“Las conductas que el fiscal les atribuye a los encartados no superan los requisitos mínimos de exigencias que lo tornen razonable, fundamentalmente no concurre –hasta el momento- el caudal de prueba necesario que establezcan su existencia, por tal motivo y en base a los razonamientos expuestos”, concluyó el juez.

Para Senestrari, el empresario acusado había realizado aportes de capital a CBI con cheques de la obra social Osecac por 50 millones de pesos.

El abogado de Bugliotti, Sebastián Becerra Ferrer, explicó que el juez consideró que “no hay requisitos mínimos de sospecha razonable” después de quinces meses de investigación.

Pero además de la cuestión estrictamente judicial, las resoluciones de Bustos Fierro profundizan su enfrentamiento con Senestrari. El juez tuvo su momento de mayor conocimiento nacional cuando, en 1999, habilitó la re-reelección de Carlos Menem (luego caída en otras instancias), mientras que el fiscal forma parte del conglomerado kirchnerista Justicia Legítima.

Senestrari había pedido el apartamiento del juez de la causa por entender que entre él y el empresario acusado había una evidente amistad, que intentó probar con la foto en la que ambos aparecen compartiendo una fiesta de disfraces de una publicación cordobesa especializada en asuntos de negocios.

Bustos Fierro hizo un “análisis crítico” de la investigación de Senestrari, y señaló varios “desvíos” en su desarrollo.

En primer lugar, recordó que Senestrari ordenó el allanamiento de un solo domicilio al iniciarse la causa, y dejó pasar una semana para hacer lo mismo con otros. “Naturalmente esa demora ocasionó una significativa pérdida de elementos de prueba”, apuntó.

En segundo término, señaló que Senestrari “fue endureciendo su postura” para permitir la apertura de las cajas de seguridad de CBI (el resguardo de valores era una actividad lícita de la financiera), lo que demoró con expedientes paralelos el progreso de la causa principal.

Finalmente, dijo que Senestrari “en vez de orientar la pesquisa en la ruta del dinero, realizando un estudio sobre las cuentas bancarias (…), dispuso desviar –una vez más- la investigación ampliando los hechos respecto de las personas que iban a operar en la actividad de compra-venta de cheques en CBI”.