Mendoza
Escándalo en Mendoza por el acuerdo entre Paco Pérez y ATE para engrosar la nómina de empleados públicos
El radicalismo puso el grito en el cielo cuando se conoció el pase a planta de 1000 empleados acordado en paritarias.

La noticia del acuerdo paritario entre ATE Salud con el Gobierno mendocino trajo alivio a la golpeada gestión de Paco Pérez. El gremio, que junto al de los profesionales de la salud Ampros, aceptó un aumento de 35% de los sueldos, también incluyó un pedido: que se pasara a planta permanente a unos 1.000 contratados, a lo que el Ejecutivo accedió sin resistencia.

Inmediatamente, el radicalismo cuestionó el acuerdo, poniendo el grito en el cielo por dos cuestiones: primero por el aumento en la partida para sueldos que deberá afrontar la próxima gestión; segundo, por la posibilidad de que en el ingreso a planta, se incluyan actuales funcionarios o punteros peronistas, que no tendrán otra tarea que complicar una eventual gestión radical desde diciembre próximo.

Respecto al primer tema, según la UCR, la partida de sueldos será de unos 6.200 millones de pesos en el año, lo que representa, justamente, 35% más de lo destinado actualmente. Como el partido opositor se ve gobierno tras ser el más votado –liderando una alianza con el PRO y el FR- en las PASO del 19 de abril, cada vez que puede, insiste con los “desmanejos” del oficialismo en material presupuestaria, y habla ya sin tapujos del “ajuste” que se viene.

En relación a la segunda cuestión, las acusaciones del radicalismo fueron directamente hacia el gobernador Paco Pérez, a quien acusaron de haber ingresado al Estado “miles” de personas en los últimos tres años y medio, “muchas de las cuales son funcionarios peronistas o punteros”.

En ese sentido, la UCR estima que al menos 20% de los 1.000 agentes que hoy son contratados y que pasarán a planta permanente del Estado en el corto plazo, sólo tendrán la función de “obstaculizar” un eventual gobierno radical desde diciembre próximo.

Incluso desde el partido opositor, se ha amenazada con bloquear en la Legislatura la homologación de las actas acuerdo eleboradas en paritarias entre el Gobierno y el tándem ATE Salud-Ampros. No obstante, esta posibilidad desencadenaría un malestar mayúsculo en los empleados públicos provinciales, que suman nada menos que 100.000, en un padrón de 1,3 millones de personas en toda la provincia.

Sin embargo, el radicalismo sí ha salido abiertamente a cuestionar a los gremios, a los que acusa de funcionales al Gobierno, al aceptar el ingreso de un millar de empleados. El senador provincial y mano derecha de Julio Cobos, Juan Carlos Jaliff, por ejemplo, acusó a los sindicalistas de “esconder a peronistas y militantes en la bolsa de los que corresponde que pasen a planta permanente”. Para completar la embestida, el diputado provincial y eventual futuro ministro de Hacienda, Martín Kerchner, completó: “Nos preocupa que en el sindicalismo mendocino negocien los principios con el Gobierno”.

Desde ATE Salud, su titular, Raquel Blas, salió a bancar el acuerdo con el Ejecutivo, y cuestionó a la UCR, a la que acusó de utilizar a los estatales “en la campaña electoral”.

Con todo, Paco Pérez parece haber logrado el objetivo de calmar al combativo gremio estatal y dejarle la brasa caliente al próximo gobierno, que, todo indica, será encabezado por el radical Alfredo Cornejo. 

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