La famosa “tregua” entre la Casa Rosada y el fuero federal que debe investigar las causas de corrupción de los funcionarios es tan real como transitoria. En un mar de desconfianzas mutuas y golpes solapados, cuatro jueces tratan de evitar que el conflicto de la Presidenta con la justicia, se espiralice.

María Romilda Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Ariel Lijo, son los malabaristas que extreman sus habilidades para dilatar la dinámica de las causas sensibles al kirchnerismo y de esa manera tener al conflicto bajo control.

Escudados en la causa que cambió la agenda nacional, la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, cerraron filas con el oficialismo y reorganizaron la tropa. Marcan el ritmo. Consultan a sus colegas, pero son ellos el nexo con el poder.

“Los cuatro lograron el equilibrio que todo juez federal debe tener”, sentencia un abogado, con más cinismo que convicción. Según este experimentado operador judicial, los jueces para mantener sus cargos no deben investigar al poder o a la sumo acordar y anticipar cada decisión para dar margen de acción a la otra parte.

Repasemos cada caso.

Oyarbide. Ha sido el más osado y el encargado de sobreseer a la presidenta Cristina Fernández de Kichner y a su marido en relación al delito de enriquecimiento ilícito allá por el 2009 tras un polémico peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema que concluyó que “la Presidenta y su esposo, no cometieron delitos a la hora de justificar el incremento de su patrimonio”.

Víctor Manzanares es el contador de Río Gallegos que rubricó la polémica declaración jurada que sostenía que la pareja aumentó un 158% su patrimonio durante 2008 -de $ 17,8 millones a $ 46 millones en valores netos- y un 572% desde que arribaron a la Casa Rosada en mayo de 2003.

Para Oyarbide, el incremento estuvo “justificado” y sobreseyó a ambos, sin más detalles.

En Marzo de 2014 admitió que frenó el allanamiento a la Financiera y Mutual Propyme tras un llamado de Carlos Liuzzi, segundo del influyente secretario legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini.

Servini de Cubría. La más experimentada. Logró ubicarse en el medio de la puja, ya que se considera amiga del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti pero no deja de lado los intereses del Gobierno, con quien mantiene diálogo abierto. Tira y afloja la cuerda según el momento político.

Tiene bajo su manga, varias causas sensibles al Gobierno, entre ellas la del supuesto tráfico de efedrina que involucra a funcionarios y ex funcionarios del Sedronar, con vínculos inquietantes con la Casa Rosada.

En agosto del año pasado amenazó con “allanar la sede del Poder Ejecutivo en Balcarse 50” al afirmar en declaraciones periodísticas que “existen llamados entre algunos narcos y la Casa Rosada”

Se refería a Máximo Rito Zacarías, empleado del Pami. El otro, es su hermano Miguel Zacarías, que era secretario privado de José Granero, ex titular de la secretaría antidrogas José Graneros, quien renunció tras ser procesado por narcotráfico. Pero hubo otros dos hermanos que pasaron por la administración pública, Rubén Zacarías, ex jefe de Protocolo de la Casa de Gobierno y Luis Zacarías, que trabaja en la Secretaría Privada de Cristina Kirchner.

Servini diji en su momento que pretendía que el gobierno “aporte las llamadas entre la Casa Rosada y doce líneas sospechadas de estar involucradas en el narcotráfico”.

“Le damos un tiempo; si no contestan volvemos a reiterar; y si no contestan, vamos a allanar. Todo puede llevar un mes”, agregó.

La jueza sabe esperar. Logró que su hijo, Juan Carlos Servini de Cubría, mantenga su cargo en el Consejo de la Magistratura como Secretario de la Comisión de Administración y Financiera. Está a cargo de licitaciones, contrataciones y manejo del presupuesto, debajo del Administrador General, Claudio Cholakián.

Lijo. Acorraló al vicepresidente Amado Boudou, logró procesarlo y elevar la causa a juicio oral por los delitos de “Cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.

Lijo mantiene diálogo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y de hecho lo protegió hasta el final, pese a la orden de la Cámara Federal de que lo investigue en el marco de la “ruta del dinero de Ciccone”.

Su nexo más directo es el ministro de Planificación, Julio de Vido, con quien mantiene línea directa a través de su hermano, Alfredo “Fredy” Lijo, hoy uno de los operadores más importantes del kirchnerismo en el fuero federal junto a José María Olasagasti, mano derecha del ministro y con flamante cargo en la Agencia Federal de Inteligencia.

Olasagasti mantiene una dura interna por el control del lobby judicial con Juan Martín Mena, el camporista número dos de la agencia.

Lijo, un amante de las carreras de caballos y la cía de canarios, es un equilibrista nato y acaso sea el verdadero cerebro político del grupo. Nunca descuidó la relación con la Corte Suprema. De buena sintonía con Lorenzetti, llogró que su última esposa, Liliana Mazuco, fuera nombrada Secretaria Letrada en la Oficina de Justicia Ambiental.

La madre de sus hijos más grandes, Silvia Cavallo –hermana del ex camarista Gabriel Cavallo-, es la actual fiscal federal de Quilmes quien trabaja con el juez Luis Armella, en su momento a cargo de la causa del Riachuelo, denunciado por derivar contratos de esa tarea a sociedades cercanas.

Rodolfo Canicoba Corral. De relación muy cercana con Daniel Scioli sueña con ser el próximo secretario de Inteligencia en un gobierno del gobernador.

Está a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA y es el que salió a confrontar al fiscal Alberto Nisman, cuando denunció a la Presidenta por supuesto “encubrimiento” , en enero de este año, sin haberle dado intervención a él como juez de la causa.

“Me enteré por los medios que había una denuncia, yo no he avanzado porque el fiscal no me lo comunicó. Me parece que sucedió algo, que es que terminó conduciendo Stiusso la investigación y no al revés. El que debía conducir la investigación era el fiscal y no los servicios de inteligencia”, afirmó en su momento.

Junto al fiscal Juan José Zoni, impulsa la causa de supuesto lavado de activos contra el informático Diego Lagomarsino, la madre del fiscal Nisman, Sara Garfunkel y su hermana, Sandra, luego de que saliera a la luz la cuenta bancaria en el Merryl Lynch de Estados Unidos.

Canicoba también investiga la existencia de cajas de seguridad, varios inmuebles y una mansión en Tandil con canchas de tenis profesional, que supuestamente no estaban informadas en las declaraciones juradas del fiscal.

Durante los últimos días, resonaba en los pasillos de Comodoro Py, la fastuosa fiesta de quince años que le hizo a su hija. Le regaló un recital privado de la cantante “Violeta”, interpretada por Martina Stoesel, que cobraría un cachet sideral.

Sin duda es un buen padre. Logró que a su hijo Emiliano, lo nombraran juez federal el 17 de Diciembre del año pasado.